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(Rebanadas de Realidad - Madrid, 16/06/07). En el caso de Colombia, se ha venido constatando que las empresas trasnacionales han operado en un contexto de violencia estructural y violaciones constantes de los derechos humanos, del que no sólo no se han desmarcado sino que, en muchos casos, han contribuido a favorecerlo. Así, entre los derechos humanos que se han vulnerado constantemente, y alrededor de los cuales pueden derivarse responsabilidades para las empresas trasnacionales, podemos mencionar los homicidios, torturas, secuestros, desapariciones y amenazas a la integridad física. Además, hay que prestar una especial atención al ejercicio de derechos laborales por parte de los sindicatos petroleros, que muy a menudo han sido tratados con excesiva fuerza y violencia por parte de las empresas y sus empleados de seguridad. Y también merece especial atención la falta de respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, a los que se les está violando de manera impune todos sus derechos territoriales y culturales, exponiéndoles directamente a situaciones de genocidio.

Durante la audiencia, este tribunal ha podido escuchar los testimonios de diferentes testigos. Todos ellos han coincidido en que las actividades de la empresa multinacional española Repsol YPF están teniendo un impacto negativo sobre las poblaciones y los ecosistemas cercanos a los pozos y campos petroleros donde lleva a cabo sus operaciones. Por las diferentes pruebas e indicios sobre las consecuencias de las actividades de la corporación multinacional Repsol YPF en Colombia y en el resto del mundo que se han aportado en esta vista, cabe acusar a la empresa transnacional española Repsol YPF de los siguientes hechos:

  1º) En todo el mundo, especialmente en América Latina, Repsol YPF desarrolla actividades que:

Contribuyen al cambio climático global: En 2005, Repsol extrajo 1.139.400 barriles de petróleo diarios. Si se tiene en cuenta que cada barril de petróleo, al ser quemado, corresponde a unas 0,36 toneladas de CO2, se puede concluir que las actividades de Repsol contribuyeron a la emisión de 149.717.160 toneladas de CO2. Esta cantidad es equivalente a casi la mitad de las emisiones de todo el Estado español en el año 2005.

 Tienen graves impactos ambientales y sobre los pueblos indígenas en Bolivia: Repsol efectúa sus operaciones petrolíferas en siete áreas protegidas de Bolivia, entre las que se encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Aguaragüe. Además, en Bolivia tiene campos en el territorio de 17 pueblos indígenas, entre los que están el Territorio Indígena Multiétnico, en el Territorio Indígena Chimán y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros, territorios en los que habitan multitud de diferentes etnias amazónicas, y en los que está destruyendo sus culturas mediante la exclusión territorial de estos pueblos, la destrucción de su territorio y de sus medios de subsistencia y la persecución a sus organizaciones sociales.

 Poseen efectos muy negativos sobre los pueblos indígenas y el entorno en Ecuador: Repsol YPF tiene actividades en el Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera, donde habita la etnia indígena huaorani. Repsol forma parte, junto a otras seis empresas petroleras, del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa pacífica y afecta a once áreas protegidas. Durante la construcción del OCP se produjeron violaciones a los derechos humanos, en concreto a la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano. La puesta en marcha de este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta, y durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron cinco derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas.

 Impactan social, cultural y ambientalmente en Argentina: Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales. Según la Evaluación de Daño Cultural/Ambiental realizada en 2001 por una consultora alemana, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación argentina. Además, Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo en la población de General Mosconi, en la provincia de Salta, zona gasífera y petrolera por excelencia. La privatización de YPF y la adquisición por parte de la empresa Repsol del 98% de las acciones de la ex compañía estatal implicó en General Mosconi un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo, afectando al 60% de la población activa.

  Saquean los recursos de países como Bolivia y Argentina: En Bolivia, Repsol es corresponsable, junto con otras empresas transnacionales y organismos multilaterales, de impulsar una serie de reformas cuyo fin es la transferencia del derecho propietario del Estado sobre sus empresas, bienes y recursos naturales a las empresas transnacionales y principalmente a Repsol YPF. El 15 de enero de 2006, Repsol YPF hizo saber que había inscrito como "concesiones soberanas" las reservas de gas que controlaba en Bolivia en la Bolsa de Valores de Nueva York. Poco después Repsol YPF anunció un recorte de 25% de sus reservas de hidrocarburos, sobre todo de gas natural, y el grueso de la revisión correspondió a Bolivia. Por otra parte, la privatización de la empresa estatal argentina YPF por el gobierno de Menem en el año 1999 estuvo repleta de irregularidades y denuncias. Repsol compró esta empresa aprovechando la deuda externa argentina: YPF fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo, y ante la Oferta Pública de Adquisición en la Bolsa de Nueva York, Repsol fue el único oferente.

 Han producido impactos sociales y ambientales en el Estado español: Repsol YPF ha estado realizando prospecciones frente a las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Las plataformas que pretende construir Repsol ponen en peligro más de diez Espacios Naturales Protegidos y chocan con los intereses turísticos de la zona. Además, teniendo en cuenta que el agua de consumo se obtiene desalando el agua del mar, suponen un alto riesgo para la salud de los habitantes de la región. Por otra parte, en el año 2003, en la refinería de Puertollano (Ciudad Real), murieron nueve trabajadores por un incendio que podría haber sido evitado si hubiera habido mejores medidas de seguridad. Las investigaciones efectuadas a raíz de este suceso llevaron a que la Consejería de Industria de Castilla - La Mancha descubriera graves infracciones. Basándose en este informe, la Inspección de Trabajo propuso dos sanciones, con la máxima cuantía que establece la ley, que ascienden a 1,2 millones de euros.

2º) En Colombia, Repsol YPF desarrolla operaciones que:

  Al igual que las demás transnacionales petroleras presentes en el país, han generado una profunda transformación del territorio: desde que se establecieron hace más de un siglo en Colombia, las compañías transnacionales del petróleo se fueron adjudicando contratos de explotación, localizaron poblaciones que aseguraran la mano de obra en la construcción de las infraestructuras necesarias, propiciaron la destrucción de las zonas selváticas aledañas, persiguieron a las comunidades indígenas, hostigaron a las organizaciones sociales y, en definitiva, contribuyeron a hacer efectiva una profunda transformación del territorio. En 1948, después de la huelga de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, se nacionalizó la infraestructura de extracción, transporte y refino del país y se creó la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Este esquema contractual que garantizaba la participación estatal se mantuvo hasta los años noventa, cuando los sucesivos gobiernos colombianos lo fueron modificando de acuerdo a la ideología neoliberal, hasta llegar a ser un modelo similar al que imperaba a principios del siglo pasado. Repsol, al igual que otras corporaciones transnacionales petroleras, no ha contribuido a aportar soluciones al conflicto armado ni ha aportado nada para paliar las desigualdades que se viven en Colombia. De hecho, en las últimas décadas la situación se ha agravado en aquellos lugares que disponen de petróleo.

-Se han centrado en la explotación y exploración petrolera en el departamento de Arauca: La mayoría de las operaciones de Repsol en Colombia se han llevado a cabo en el departamento de Arauca, donde está presente en casi todos los bloques petroleros que cubren la región. En Arauca, Repsol desarrolla actividades de exploración y de explotación petrolera en tres formas distintas pero complementarias: asociada a la corporación transnacional estadounidense Occidental (Oxy), en consorcio con la empresa estatal Ecopetrol y en solitario. Por sus actividades en la región, en la que se vive una crisis originada por el conflicto armado y por la política de represión en contra de las organizaciones sociales, Repsol ha adquirido una corresponsabilidad, directa o indirectamente, en el incremento del conflicto social, político y militar, la destrucción de los ecosistemas de la región y el acoso a las culturas indígenas.

 Tienen graves consecuencias sobre la situación de los derechos humanos en Arauca: A pesar de participar en la explotación del segundo mayor campo petrolero de la historia de Colombia, Caño Limón, e ingresar los beneficios correspondientes, Repsol no ha asumido los antecedentes de la compañía Oxy, su socia, como operadora del campo. Se ha desentendido de la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad al financiar compañías de inteligencia mercenarias, en el apoyo al ejército norteamericano, en la presión para propiciar la aprobación del "Plan Colombia" y en la financiación de unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos humanos. Desde 2002, año en que Repsol anunció la existencia de petróleo en Capachos, Tame comenzó a sufrir el auge del paramilitarismo, incrementándose los crímenes contra la población civil y los índices del desplazamiento forzado. Una vez que las acciones de los grupos paramilitares se intensificaran en los dos años siguientes, Repsol comenzó a perforar y a producir petróleo. La represión a las organizaciones sociales y a la población civil de Colombia ha tenido especial virulencia en Arauca, donde el ejercicio del terrorismo de Estado, en el que han tenido que ver tanto los grupos paramilitares y el ejército como la estrategia de judicializaciones masivas y la política del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha incrementado enormemente el número de casos de violaciones a los derechos humanos en los últimos cuatro años.

  Provocan el desplazamiento y la destrucción de la cultura de los pueblos indígenas en Arauca: Repsol ha tratado de asegurarse nuevas reservas de crudo en unas áreas de exploración que se superponen con resguardos indígenas u’was y guahibos. Repsol se ha aprovechado de las contradicciones de la legislación colombiana para intervenir en los bloques petroleros de Capachos y Catleya, coincidentes con territorios indígenas. A pesar de la manifiesta oposición de las comunidades u’was a que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad petrolera en su territorio, Repsol se ha asociado con Ecopetrol en el bloque Catleya. En él, donde es la empresa estatal la que asume la operación, se incluye todo el piedemonte araucano, en el que se asientan las comunidades indígenas u’wa, por lo que la exploración en esta zona conlleva que se vea afectado su modo de vida y su cultura. En este caso, Repsol YPF de nuevo es corresponsable por las actividades petroleras que desarrolla en dichos territorios, contraviniendo los acuerdos internacionales y sus propias políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

 Poseen graves impactos ambientales sobre los pueblos indígenas en Arauca: Repsol debería asumir las consecuencias ecológicas relacionadas con la explotación petrolera en los últimos veinte años al ser copartícipe, junto a Ecopetrol y Oxy, de la Asociación Cravo Norte, encargada de la explotación de Caño Limón. Repsol forma parte de este consorcio, pero, a pesar de beneficiarse de su producción, nunca ha asumido la responsabilidad social y ambiental que conlleva. La participación en el segundo mayor yacimiento petrolero de la historia de Colombia representa un importante beneficio para la empresa española, pero también una responsabilidad por los pasivos ambientales que dejan sus operaciones. Impactos entre los que destaca el riesgo de extinción de importantes especies del ecosistema de Lipa, la pérdida del sustento para cientos de familias pescadoras y la progresiva desaparición de las comunidades indígenas guahibas, cuyo modo de vida estaba unido a la conservación del medio natural..

En vista de todos estos hechos, este tribunal considera que existen indicios suficientes para acusar a la empresa multinacional española Repsol YPF de ser culpable de:

Contribuir a la destrucción ambiental del planeta.
Incrementar el desplazamiento de poblaciones indígenas.
Continuar con el saqueo de recursos en los países del Sur.
Operar en países donde se producen continuas violaciones de los derechos humanos.
Poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de una forma digna.

Por ello, este tribunal propone que la corporación transnacional Repsol YPF se comprometa a:
Devolver la deuda ecológica que ha contraído con los países del Sur.
Restituir a las comunidades indígenas su territorio en las condiciones más parecidas que se pueda a su situación antes de su presencia.
Retirar toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata.
Reconvertir su actividad desde la extracción, procesado y distribución de hidrocarburos, hacia las energías renovables, especialmente la eólica y la solar.
Respetar y cumplir los marcos internacionales de derechos humanos, lo que debería ser constatado a través de la realización de una auditoria externa.
A restituir a los pueblos donde está realizando sus actividades todos los recursos que de ellos ha tomado para su desarrollo social en armonía con el entorno.

Asimismo, se pide que al Estado español que:
Asuma las responsabilidades oportunas por las actividades de sus empresas transnacionales en otros países.
Obligue a las empresas transnacionales españolas a que respeten el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo. En concreto, debería obligarles al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, la Declaración de Derechos Laborales Fundamentales de 1998 de la OIT, la Declaración de la OIT sobre empresas multinacionales y política social y el Derecho al Desarrollo de los pueblos.
Aplique el principio de jurisdicción universal para depurar las responsabilidades de sus empresas en las violaciones de derechos humanos que se producen en los lugares donde trabajan.

Finalmente, se convoca a todos los presentes, testigos, personas afectadas por la actividad de la empresa y público en general a la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebrará en Bogotá (Colombia) los días 2, 3 y 4 de agosto de 2007, donde un tribunal constituido al efecto y un jurado popular juzgarán a las empresas trasnacionales petroleras Oxy, BP y Repsol por los impactos negativos que han acumulado en el ejercicio

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