(IPS – Quito 30.11.10). Como consecuencia, los campos explotados por la brasileña Petrobrás, la coreana Canadá Grande, la estadounidense Energy Development Company (EDC) y la estatal China National Petroleum Company volverán al Estado en “un proceso ordenado”, anunció el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pastor.

La estatal ecuatoriana Petroamazonas ya tomó control el 25 de noviembre de los campos que operaba Petrobrás, a la que deberá pagarse 163 millones de dólares, por inversiones no amortizadas. Un monto que “no deja de ser atractivo”, dijo el analista económico Walter Spurrier.

Mientras tanto, la Secretaría de Hidrocarburos suscribió a nombre del Estado ecuatoriano ocho contratos de prestación de servicios con las cinco compañías petroleras que aceptaron las nuevas reglas establecidas en julio por una reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Se trata de la chilena Enap-Sipec, las chinas Andes Petroleum Ecuador y Petroriental, la española Repsol y la italiana Agip Oil.

Pastor dijo que los ocho bloques petroleros explotados por estas cinco empresas representaban 86 por ciento de la producción ecuatoriana en manos privadas.

El nuevo modelo de contrato implantado por la reforma determina que el Estado es el dueño del petróleo extraído en el país y las contratistas privadas percibirán una tarifa fija por cada barril extraído. El Estado también se queda con los beneficios extraordinarios del alza de los precios petroleros.

La tarifa, explicó Pastor, oscilará entre 35 a 41 dólares, según la empresa, y fue el punto clave de las negociaciones, que se llevaron en total hermetismo en varias suites de un lujoso hotel de Quito los últimos cuatro meses.

“Se trata de tarifas exageradas puesto que los costos de producción de un barril de petróleo de Petroecuador y Petroamazonas fueron en el 2009 de cinco y siete dólares respectivamente”, dijo Henry Llanes, ex dirigente sindical de la primera de estas empresas.

Las tarifas acordadas “superan a los costos (por barril) de Petroecuador entre el 700 y 800 por ciento, esto quiere decir, que la reforma petrolera impulsada por el gobierno de la revolución ciudadana terminó beneficiando a las compañías petroleras”, añadió el también ex diputado.
“Tal análisis es simplista”, dijo a IPS un ejecutivo de una de las empresas petroleras que participó en las negociaciones y que debido a la cláusula de confidencialidad impuesta pidió no ser identificado.

En los costos que Llanes indica “no está incluida la amortización de inversiones realizadas ni el cálculo de las que nos hemos comprometido a hacer”, puntualizó.

La renegociación de los acuerdos aportará al país 1.207 millones de dólares de inversiones en producción y exploración, que representarán un alivio para la preocupante curva descendente de capitales frescos en el sector de hidrocarburos, principal fuente de divisas del país.

También beneficia al propio valor agregado bruto de la industria petrolera, que según cifras del Banco Central venía declinando a tasas trimestrales cercanas a cuatro por ciento desde el año 2008.

Según Pastor, si las empresas no cumplen lo comprometido en los planes anuales de inversiones, el Estado les irá descontando los montos respectivos del pago de la tarifa.

Precisó que la participación del Estado en el negocio petrolero sube, en promedio, de 70 a 80 por ciento.

Al analizar quienes se quedan y quienes se van, el analista Spurrier dijo que “Sipec, filial de la estatal chilena Enap, tiene a su cargo solo pequeños campos que hay que desarrollar; Chile busca estrechar relaciones con Ecuador, en el contexto de sus diferencias marítimas con Perú. Este acuerdo nunca estuvo en duda”.

Spurrier ve compleja la situación provocada por el abandono de EDC. “Estaba a cargo del bloque tres en el golfo de Guayaquil, donde está el campo gasífero Amistad, que alimenta una central termoeléctrica propiedad de Machala Power, filial de la propia EDC”, explicó.

Petroecuador no tiene experiencia con campos de gas costa afuera, puntualizó.

El ministro Pastor precisó que el traspaso de esta empresa “va por buen camino”, y que la decisión de retirarse incluye la venta al Estado de la central eléctrica alimentada por gas, aunque no reveló el valor de la transacción.

Aseveró que en 120 días todo estará en manos del Estado, sin adelantar que empresa asumirá las operaciones.

Habría que buscar una nueva operadora, adelantó Spurrier, quien cree que podría ser “Enap, que opera campos gasíferos en el estrecho de Magallanes, y ha desarrollado tecnología propia”.

El ejecutivo petrolero presente en las negociaciones aseguró que “las empresas no estaban satisfechas con el cambio del modelo del contrato, pero era bastante improbable que el gobierno dejara escapar a China, que es el principal prestamista del Estado y el mayor inversionista en petróleo y en los planes aún no concretados de minería”.

“Las empresas, sobre todo Repsol, no podían tampoco dejar alegremente Ecuador, porque tienen grandes inversiones, incluyendo el Oleoducto de Crudos Pesados”, añadió. El tendido fue construido a inicios de la década por un consorcio de firmas privadas.

Según Spurrier no es que el gobierno izquierdista de Rafael Correa haya obligado a las empresas “a aceptar condiciones draconianas”, porque de la propia información oficial “se deduce que sí hay compensaciones” establecidas en los acuerdos.

Estas serían, aparte de las tarifas, la extensión en el tiempo de los derechos de las operadoras y la incorporación de nuevas áreas.
Por ejemplo, explicó, “Agip recibiría el campo Oglan de crudos pesados, descubierto a principios de los 70 y que se vuelve atractivo a los precios actuales y gracias al oleoducto secundario que construyó la empresa italiana para explotar Villano”, un yacimiento cercano.

A Repsol, con la que se llegó a un acuerdo en el último minuto, se le habría ofrecido el bloque 31, actualmente en manos del Estado, al que la nueva ley otorga una gran flexibilidad para entregar bloques sin licitación.

Al gobierno le queda ahora la renegociación de los contratos de campos marginales, que según supo IPS se inició también en secreto este lunes 29. En este caso, la ley otorga 60 días más de plazo.

Estos contratos amparan yacimientos en condición especial, sobre todo en recuperación secundaria tras haber sido ya explotados por Petroecuador, y representan menos de 10 por ciento de la producción petrolera ecuatoriana, de 481.000 barriles diarios.

Deberán también pasar a tarifa fija o, en palabras del presidente Correa, se les despedirá, como a las cuatro que se van ahora, deseándoles “que les vaya bonito”.