En su día el Buró de nuestra Asociación Internacional « Derecho a la Energía » (DAE), reunido con urgencia en Marruecos-Casablanca-, el día 12 de Octubre de 2009, enterado de la decisión del Gobierno Mexicano de emitir un decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (Ly FC), acordó que teniendo en cuenta que ello afecta a una organización adherida a DAE y que por extensión tiene o tendrá un fuerte impacto en el pueblo mexicano, en lo referente al acceso a la energía, el servicio público y a todos los aspectos de la dimensión social de la energía, exigimos la derogación inmediata del “decreto de extinción” de LyFC; el retiro de las fuerzas policíacas y militares de los centros de trabajo y el cese a la política de persecución al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y por último, el establecimiento de una mesa de diálogo verdadero para resolver los problemas técnicos y financieros de LyFC.

Ya pasaron 5 meses y la situación lejos de arreglarse se complica. Todo este tiempo fue empleado por parte de los perjudicados en defenderse y por quien decidió tal patraña sin parangón en la escena internacional, en la demonización por todos los medios de una organización como el SME y de su dirigencia, contando para ello con un apoyo mediático sin precedentes. Noventa y cinco años de historia avalan al SME comprometido con lo mejor de la lucha del movimiento obrero y del pueblo mexicano.

Hace bastante tiempo que conozco, conocemos como Asociación, la realidad del sector eléctrico mexicano y el Gobierno mexicano, los poderes del Estado debieran como mínimo autoresponsabilizarse de su deterioro, de su gestión e incluso de su estructuración. Su decisión es una huida hacia delante y una cortina de humo que oculta intereses espurios.

En mi análisis, el Presidente Calderón no solo incumple, que ya sería bastante, la Constitución Mexicana en varios de sus artículos pero principalmente en el Artículo 27 en su párrafo sexto, que establece con perfecta e indiscutible claridad que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.” Por si esto fuera poco el Gobierno ha entregado a multitud de pequeñas empresas privadas la operación del conjunto de instalaciones (plantas generadoras, líneas de transmisión, redes subterráneas y aéreas, centros de trabajo y oficinas comerciales) que de acuerdo a la Constitución, a la Ley y del Contrato Colectivo de Trabajo, que son Materia de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y que decir de los incumplimientos de los convenios de carácter internacional suscritos por el Gobierno Mexicano relativos a los derechos laborales, de legitima defensa y de derechos humanos que serán objeto de denuncia por nuestra parte ante los organismos internacionales de OIT y ONU.

Además el decreto de extinción carece de los más mínimos requisitos, como son:
 No se da audiencia previa sino que con nocturnidad y alevosía toma los centros de trabajo, luego pública el decreto y unos días después solicita la autorización.
 Invade competencias del Congreso de la Unión, que es quien las tiene para casos de la naturaleza invocada.

 No cumple con las exigencias previstas en la Ley que son las mismas que para la constitución de un organismo descentralizado como LyFC.

 La fuerza mayor esgrimida para acabar con las relaciones de trabajo, la crea el gobierno ya que este concepto es aplicable en los casos que la situación no se puede prever ni siquiera evitarla.

 Si se dicta sustitución patronal, ya que los bienes en su totalidad se entregan a la otra empresa con concesión en el territorio nacional, Comisión Federal de electricidad (CFE), dicha transferencia se hace con ánimo de continuidad, o sea de patrón sustitutorio, pero que contradicción, en el caso de las relaciones laborales contractuales no se cumple. No voy a entrar ahora a analizar la eficiencia de esta otra empresa en términos homogéneos.

Hubo un tiempo que el Presidente Calderón y algunos medios de comunicación, esgrimieron como "justificación" el conflicto interno en el SME. Parecía en principio que el problema electoral de la última contienda era un enfrentamiento entre corrientes sindicales de la propia organización con base en un pluralismo a preservar y los pseudo argumentos y triquiñuelas legales de los contrarios al actual Secretario General, Martin Esparza, exigía y recomendaba no inmiscuirse en los problemas internos de una organización. Pero hoy ya todo se fue aclarando gracias a que el Gobierno de Calderón en una de sus acciones inconstitucionales e ilegales y con una actitud totalmente perversa, ordena cuando no consiente a la CFE “entrega” de contratos a cinco empresas privadas al que fuera contrincante del actual Secretario General, quien pasa de una tacada de dirigente sindical a empresario, clarificando de manera total cualquier sombra que pudo haber en la disputa.

Tengo leído informes del Banco de México y otros organismos internacionales sobre las Empresas eléctricas públicas en México donde se incide y de qué manera en el problema sindical y en los costes laborales y en cambio se profundiza muy poco en los aspectos tecnológicos, de control y de gestión. En concreto en el caso de Ly FC se habla del asunto sindical “de estructuras con objetivos muy bien definidos y un alto grado de organización”, entre otras conclusiones problemáticas. En cuanto a la reducción de los costos se hace mención especial en los laborales y en mecanismos para su reducción en el corto y medio plazo. Cuando hablo de interés espurios no dejo de acordarme de toda esta documentación y encontrar en su sistematización los verdaderos intereses del decreto de extinción de LyFC : una privatización encubierta de nuevo cuño, la destrucción de la organización sindical y la aminoración de costes vía cirugía.

El Sr Calderón tiene que aceptar que en México sigue siendo un reto el hacer accesible el servicio a toda persona, en cualquier parte del territorio (electrificación) en cualquier momento (continuidad del servicio), e independientemente de su posición económica, social y geográfica en condiciones de calidad y a un precio accesible (justo en relación a la capacidad económica), garantizando incluso la seguridad en la infraestructura eléctrica y la adaptación del servicio al desarrollo tecnológico.

El día 16 de marzo vence el plazo que el Gobierno de Calderón da, para que los afectados acepten una rescisión de sus derechos y de su contrato a nivel individual, y para ese mismo día el SME conjuntamente con otras organizaciones sociales, tienen convocada una huelga general política. Quiero advertir en el final de este articulo que pretende informar sobre lo que está a pasar en este maravilloso país, México, la posibilidad que este día el conflicto aquí creado se transforme en pura represión con aquellos que están a defender el dialogo, salir de la asfixia a que está sometida su lucha y resistencia de quienes fueron privados del derecho a trabajar y de construir una vida digna junto a sus familias. Es decir los 45.000 trabajadores/as y sus familias que quedaron sin empleo y los 25.000 pensionistas en expectativa sobre su situación. La sangre no va solucionar los problemas del sector eléctrico mexicano Sr. Calderón, Presidente de la República de México, Usted decide.