La política energética sostenida desde la salida de la convertibilidad muestra que los riesgos de no desandar el camino neoliberal y apostar a una suerte de “piloto automático” terminan siendo mayores que tomar firmemente el timón y recuperar el rol central del Estado en la formulación y ejecución de políticas. Y también en el control a las transnacionales energéticas que ejercen un poder dominante en la oferta de gas natural y petróleo. Las idas y vueltas del Gobierno con relación al reciente “tarifazo” de gas y electricidad, así como las cuestiones que entre tantas opiniones de funcionarios, legisladores, “expertos” y medios no se mencionaron, permiten descubrir cuáles son los intereses que continúan primando en el mercado energético local.

La desregulación del sector hidrocarburífero iniciada en 1989 implicó la transferencia de poder de mercado hacia un núcleo reducido de capitales privados oligopólicos. Además, el carácter que abarcó el desguace y la posterior privatización de los activos de YPF expresó el cambio de enfoque sobre estos recursos naturales, que pasaron de ser considerados como estratégicos para el desarrollo, a un mero commodity cuya explotación desenfrenada sumaría unos puntos más en la cuenta del PBI y divisas a la balanza comercial. Ello se expresó de manera notable en la evolución de las reservas de hidrocarburos, que hasta el año 2005 siguieron una curva opuesta a la de su producción y exportación. Por ejemplo, si a principios de los ‘90 la estimación de reservas de gas alcanzaba los 25 años, a mediados de la presente década el horizonte de las mismas se había reducido a sólo 9 años.
Esta caída se relaciona directamente con la disminución de la actividad exploratoria (en manos privadas), ya que mientras en los años ‘70 y ‘80 el promedio anual de pozos exploratorios osciló en alrededor de 140; entre 1993 y 1999 disminuyó a 105; y entre 2000 y 2005 cayó a 39.

A su vez, en la segunda mitad de la década de 1990 comenzó un creciente y sostenido negocio para las grandes empresas hidrocarburíferas: la exportación de gas natural. Entre 1997 y 2004, las cinco firmas más importantes del sector pasaron de concentrar del 77 al 82 por ciento del total de la producción de este fluido. Esas empresas son Repsol YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Austral y Petrobras. Y al mismo tiempo que vendieron al exterior y sobreexplotaron recursos naturales no renovables como el gas y el petróleo de los yacimientos argentinos (sin control oficial), usufructuaron el enorme poder económico derivado de la “retirada del Estado” de una actividad en la que YPF había sido regulador durante seis décadas.

Frente a esta situación, el modelo hidrocarburífero impulsado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner propuso “incentivar” la acción exploratoria y extractiva de las grandes transnacionales que operan en el sector. Así, la Ley 26.154 promulgada en octubre de 2006 establece beneficios impositivos y la eliminación de tasas y derechos de importación con un carácter similar al Régimen Minero aplicado desde 1993. Las empresas que soliciten su incorporación al sistema gozan de las exenciones por un plazo que oscila entre 10 y 15 años, de acuerdo con el tipo de área que se promueva. A las empresas que ya están explotando petróleo y gas también se les otorgan 10 años más de concesión sobre las nuevas áreas, a contarse a partir del vencimiento del plazo original de la concesión. Se “incentiva” así a las empresas que incumplieron con las tareas de exploración y explotación a las que se comprometieron con las concesiones.

En 2008, tres firmas (Repsol YPF, Total Austral y Pan American Energy) controlaron el 66 por ciento del total de la producción de gas en la Argentina; y entre 2004 y 2008 sólo Repsol y Pan American concentraron más de las tres cuartas partes del total de los ingresos por exportaciones de gas, embolsando por dicho concepto más de 1250 millones de dólares.

Hasta hoy, transcurridos 20 años de desregulación y privatización del sector hidrocarburífero, un pequeño grupo de empresas oligopólicas ha venido exportando gas a pesar de que el fluido escasea en el mercado interno y debe importárselo a precios internacionales que pagan los usuarios y el Estado (es decir, el conjunto de la sociedad), a través de las tarifas y los subsidios. El frustrado “tarifazo” reciente expresa los resultados de la ausencia de una política estatal que considere a los hidrocarburos como algo más que un commodity.

A diferencia de otras experiencias latinoamericanas de los últimos años (Bolivia, Venezuela), la política de hidrocarburos desde 2003 no propició un cambio estructural respecto de la crítica herencia del modelo neoliberal sino que buscó asociarse con los privados (extranjeros) en la captación parcial de la renta de este recurso natural a través de las retenciones. El resultado es que el sistema ha venido funcionando al borde de la crisis energética por la falta de inversiones de las empresas (fundamentalmente en exploración petrolera y gasífera) y que esos capitales han mantenido ganancias extraordinarias desde la devaluación de 2002. No casualmente han sido las grandes firmas del sector hidrocarburífero, junto con las megacorporaciones mineras, los agronegocios y ciertos oligopolios industriales, los principales ganadores en la post-convertibilidad. Llegados a este punto, después de dos décadas de políticas neoliberales hacia el sector energético, es hora de preguntarse si la conformación de un verdadero modelo redistributivo no debería reconocer a la nacionalización del petróleo y el gas como uno de sus principales pilares.