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CTA - Observatorio del Derecho Social // Boletín Electrónico Periódico // Año 02 Nº 17 Por Observatorio del Derecho Social
[11/08/2007]
1. Las violaciones a los derechos fundamentales. La grave situación que desde hace años padece el movimiento social y sindical en Colombia es materia de tratamiento permanente en las reuniones de la conferencia anual de la OIT desde hace más de veinte años. Este año no se trató, no obstante la insistencia del grupo de trabajadores. Los empleadores y algunos estados se opusieron firmemente, vetaron la iniciativa, llevando al límite de la ruptura a la Comisión de Aplicación de Normas, y retrasando la agenda de la 96ª reunión de la conferencia, por la falta de acuerdo para su inclusión en el listado de “casos individuales” de dicha comisión. En medio del desgarrador y desalentador panorama, el gobierno de Uribe se ha embarcado en reformas que agudizan la precariedad laboral. Un total de 35 dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados en el presente año, según denunció la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Los trabajadores de Colombia se encuentran entre los más desprotegidos en cuanto a sus derechos sindicales. El país, ostenta un ignominioso record de violencia: en 2003, 7 de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo fueron colombianos. La CUT, en este martirologio sufrió el asesinato de 69 de sus militantes en el 2006. Entre el 1 de Enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006 -según datos del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional Sindical) y de la CUT- se han registrado 8.105 casos de violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia, discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos, 192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales. Desde 1.991, año en que se comienzan a recopilar las cifras, se demuestra que todos los gobiernos han practicado el Terrorismo de Estado contra los sindicalistas y sus organizaciones sindicales. Según denuncias de la cuatro centrales sindicales (CUT-CGT-CTC-CPC) por ante la Conferencia de la OIT: se vive “una grave crisis política” producida por la constatación judicial y pública de que algunas instituciones estatales habían sido tomadas por una alianza entre dirigentes políticos cercanos al actual gobierno y grupos paramilitares, con el propósito de enriquecerse, mantener sus privilegios y eliminar físicamente a las personas y grupos que se les opusieran. En el 2006, durante la 95ª conferencia y como una alternativa novedosa, se firmó en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas un “Acuerdo tripartito”, suscrito entre representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores, en la búsqueda de mayores garantías para “el derecho de asociación, la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo decente, el dialogo social y el fortalecimiento de la democracia”. La reiteración de hechos de violación a las libertades públicas y sindicales provocó que el grupo de trabajadores de la Comisión de Aplicación de Normas incluyera nuevamente al “Caso Colombia” en su propuesta de tratamiento en el 2007. 2. Las estrategias de los grupos. La práctica, desde fines de la guerra fría, fue que la confección de la lista de casos a tratar por la Comisión de Aplicación de Normas, se efectuaba por consenso entre el grupo de los trabajadores, que tomaba la iniciativa, y el grupo de empleadores, que ponía algunas condiciones para el tratamiento y a su vez proponía otros. Este procedimiento, generalmente, culminaba con un acuerdo por concesiones recíprocas y los estados aceptaban la propuesta consensuada. Sin embargo, en los últimos años se observa una modificación en las estrategias de los grupos. La conformación del bloque de estados “no alineados”, o “grupo de los 77”, ha tenido como uno de sus objetivos limitar las facultades de la OIT en cuanto a su posibilidad de tratar determinadas violaciones de los “derechos sindicales en la práctica” o de realizar observaciones a la aplicación de determinados convenios ratificados por los estados miembros. Este grupo alega que los estados son “convidados de piedra” que impulsan mecanismos de los organismos de control de la OIT que perjudican su soberanía y desfavorecen la inversión de capital. El “Caso Colombia” y las reiteradas misiones que fueron enviadas, generan solidaridad por parte de otros estados que ven con recelo la iniciativa del grupo de trabajadores que activa los organismos de control de la OIT. Entienden que el sometimiento del “caso individual” de sus respectivos países ante la Comisión de Aplicación de Normas es una especie de afrenta, un sometimiento al “banquillo de los acusados”. Sus estrategias, en general, procuran eludir pasar por dicha situación. Sus discursos son defensivos y están dirigidos más al grupo de empleadores que a los otros estados o al grupo de trabajadores. Son muchos los gobiernos que intentan demostrar que la situación es controlable y minimizan las violaciones a los convenios internacionales. Procuran convencer que sus territorios son propicios para las inversiones y que los gobiernos tienen el poder suficiente como para garantizar “la paz y el orden” y el cumplimiento de las normas jurídicas. El grupo de empleadores ha tenido desde la década del ‘90 iniciativas tendientes a acompañar la nueva situación del capitalismo. Desde la modificación y derogación de convenios que considera obsoletos, hasta cuestionar el “tripartismo” intentando acercar a las ONG como un cuarto grupo de la OIT. El cuestionamiento parece dirigirse, en estos años, a la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la Conferencia. Intentan reducir su competencia y evitar las ya débiles consecuencias de su intervención. Desde hace unos años han recurrido a retrasar la confección del listado de los casos individuales ejerciendo “el veto” de la propuesta del grupo de los trabajadores, oponiéndose al tratamiento de casos de países en los cuales, hay avances en el crecimiento económico como consecuencia de políticas acordes con los modelos impuestos por los organismos financieros internacionales. A su vez insisten en tratar casos de países como Cuba y Venezuela, intentan demostrar que en estos países se violan las normas internacionales, e insisten con el tratamiento de convenios que incluyan las violaciones de las libertades públicas. El grupo de trabajadores año a año va comprobando su debilidad, retrocede y concede invocando la defensa de la OIT y del tripartismo. Sus argumentos en general son tomados de las iniciativas de la OIT -Convenios Fundamentales, trabajo decente, libertad sindical-, pero no ha podido delinear una estrategia que por lo menos detenga la ofensiva de los empleadores y de algunos gobiernos. Este año tenía una especial expectativa, ya que el Grupo debutaba después de la fundación de la Confederación Sindical Internacional, en noviembre del año pasado en Viena. Era importante demostrar que había modificaciones, por lo menos en unidad de criterios para oponer a las iniciativas de los otros grupos. Aunque algunas centrales han tomado conciencia de dicha debilidad, y volvieron a reivindicar el conflicto como eje de la acción sindical (esta pendiente de resolución del Consejo Ejecutivo elaborar la modalidad de la jornada de protesta global ya aprobada en el primer congreso de la CSI) el discurso del “dialogo social” sigue siendo hegemónico. 3. El “Caso Colombia” no se trató. A pesar de la postura inicial del grupo de trabajadores, el “Caso Colombia” no fue tratado por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. El Gobierno de Colombia basó su postura en la mejora de la situación de los derechos humanos. En una conferencia de prensa del 19 de abril del 2007 ya había afirmado que en el 2006 fueron asesinados “tan solo” 25 sindicalistas...”. Se anticipaba en este caso, con argumentos argüidos otros años, ante la Comisión de Aplicación de Normas. La rebaja en la cantidad de asesinatos debería ser consignada como mejora en la situación de los derechos humanos. El grupo de empleadores diseñó una estrategia que consistió en oponerse a ventilar el caso Colombia por entender que, estando vigente el convenio tripartito y una misión radicada en el país, resultaría inconveniente un nuevo tratamiento ya que podría entorpecer la tarea aquella. Hubo momentos de verdadera incertidumbre respecto a la continuidad de la conferencia. Mientras que el grupo de trabajadores persistía en su inclusión, la negativa del grupo de empleadores era cada vez mas cerrada, el tiempo transcurría y los plazos de la agenda vencían. La Comisión estuvo paralizada durante casi dos días. El grupo de trabajadores de la Comisión, por momentos, se convirtió en una verdadera “asamblea”, los discursos eran cada vez más vehementes y el “buró” del grupo estaba desbordado. El momento más tenso se vivió cuando una dirigente sindical colombiana en el exilio describió con detalles las complicidades de los grupos económicos transnacionales con los paramilitares. Sin embargo, la presión ejercida sobre las centrales colombianas terminó posibilitando el veto impulsado por los empleadores, y finalmente el “Caso Colombia” no se trató. 4. Conclusiones. No creemos que nadie con sensatez pueda ocultar o disimular la importancia de este acontecimiento. No puede pasar desapercibido que el grupo de empleadores impuso su criterio. En el país que junto a Birmania tiene el triste record de ser el territorio con más violaciones a la libertad sindical y a las libertades publicas de los trabajadores, la falta de tratamiento por parte de la Comisión es un símbolo importante. ¿Qué mensaje quiere dar el Capital respecto a la imposición sin límite de sus reglas en desmedro de los derechos fundamentales? ¿Hasta qué punto importa el sostenimiento de las libertades públicas y de los regímenes democráticos ante las reglas impuestas del capital globalizado? Hasta hace no muchos años había una cierta regla no escrita en defensa de la democracia como sistema, el bien común estaba comprendido en su interior y el antagonismo era en otro plano, por ello siempre se entendió que las libertades publicas constituían una precondición de la libertad sindical. No se puede comenzar ni hablar de derechos sociales si previamente no se garantiza la vida, especialmente de los portadores de esos derechos que son los derechos de los que defienden derechos. El no tratamiento del “caso Colombia” es una señal más de que existe decisión a alterar esa regla. La posición del grupo de los trabajadores fue muy frágil. Los argumentos referidos a que “hay que preservar lo existente y ello justifica el ceder” resultan muy endebles cuando el valor que se defiende esta mucho mas allá de cumplimiento o incumplimiento de un convenio específico. Se trata de la vida, y ese es un límite natural. La defensa de la vida justifica cualquier intransigencia a no cambiar. Con toda humildad, pensamos que el grupo de trabajadores cometió un error al ceder su posición inicial justificada por la preservación y garantía de la continuidad de la Conferencia de la OIT. Justamente el “NO”, en esta ocasión, preservaba los valores más esenciales de los trabajadores y la propia OIT, porque de nada sirve la preservación de la estructura si esta no garantiza y acompaña la defensa de valores esenciales como la vida. El entender, -y que entienda el mundo-, que “nos están matando” no se contrapone con ningún argumento. La actitud del grupo de empleadores fue en defensa de sus intereses, e importó una señal que hay que saber interpretar y que necesariamente debe tener una respuesta. La respuesta no puede estar comprendida dentro del llamado dialogo social, o en alguna visita de cortesía. Debe ser una respuesta de los trabajadores del mundo hacia un estado y un capital que, como en las épocas más crueles de su nacimiento, avanza y se afianza, a pesar de la vida, en pos de la ganancia sin límite, y por ende, sin importar más que su propio interés de acumulación. Es una oportunidad para que la Confederación Sindical Internacional pruebe que está dispuesta en la práctica, -como lo dice en su declaración de principios-, a defender a los trabajadores del mundo, lo creemos necesario. También en Boletín Electrónico Periódico Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe anual 2009 La importancia estratégica del Salario Mínimo, Vital y Móvil Un nuevo pronunciamiento en defensa de la libertad sindical El servicio público de importancia trascendental Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe anual 2008 Informe sobre los trabajadores mecánicos de Córdoba El concepto de acción sindical relevante como nuevo factor de discriminación |
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