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Políticas públicas
El Aumento previsional y la ausencia de movilidad

[1/08/2007] El presente documento nos permite demostrar que si los recursos del sistema previsional se utilizaran con el objetivo por el que se recaudaron, la situación de la población mayor seria mas favorable. Ana Rameri; Tomas Raffo; Claudio Lozano. Agosto de 2007

SINTESIS Y CONCLUSIONES

Este material permite observar lo diferente que hubiera sido el tratamiento de la cuestión previsional si, en el período post-convertibilidad, se hubiese practicado una estrategia que, además de incrementar el haber mínimo, hubiera impulsado aumentos en los restantes tramos tomando en consideración no sólo el aumento de los salarios sino también la evolución de la recaudación afectada al sistema. El ejercicio expuesto sirve para demostrar que si los recursos del sistema previsional se utilizaran para el objetivo por el cual se recaudaron, la situación de la población mayor sería más favorable. Asimismo sirve para dar cuenta de dos cuestiones. La primera, que la problemática de la movilidad de los haberes exhibe una notable independencia respecto de la existencia o no de recursos. En este sentido, el argumento que se esgrimiera en ocasión de la “Ley de Solidaridad Previsional” de Domingo Cavallo para mutilar la movilidad en los noventa, remitía a las restricciones fiscales y transformaba a la decisión presupuestaria en la clave para la definición sobre la existencia o no de incremento en los haberes. Sin embargo el contexto actual de disponibilidad de recursos no ha dado como resultado la restitución de la “movilidad” en los haberes. Es más, ha abierto un particular proceso de ahorro fiscal donde el superávit del ANSES actúa como “caja de financiamiento barato” para otras necesidades del Tesoro. Es decir que se comprueba, que tanto en la escasez como en la abundancia, lo que define son las prioridades políticas que se establecen y, por lo tanto, lo que está en juego es la decisión o no, de replantear el vínculo subordinado que las prácticas estatales tienen con la lógica de acumulación dominante. De más está decir que cuando el Estado decide asignar recursos priorizando el pago de deuda pública y los subsidios a las principales empresas, está interviniendo para mejorar la reproducción de los citados capitales y definiendo las condiciones de la organización social. Si su decisión es distinta, por ejemplo priorizar la inversión en seguridad social, mejora las condiciones de la sociedad alterando (o limitando) la reproducción de los citados capitales.

La segunda cuestión a destacar refiere a que en el marco de la libre opción la “movilidad” adquiere un carácter estratégico en la conformación definitiva que tendrá el régimen previsional argentino. En realidad, si se persiste en un esquema en el cual el 73% de los haberes que paga el sistema público son haberes mínimos con independencia de lo que se haya aportado, los mejores aportantes del sistema (los asalariados de más altos ingresos) tenderán a quedarse en las AFJP. De este modo, el sistema público concentrará la mayor parte de los futuros jubilados perdiendo los mayores aportantes. Vale la pena destacar en este punto, que el 11% de los asalariados (los que ganan más de $3.000) representan el 35% de la masa salarial total. Lo expuesto constituye un claro signo de desfinanciamiento a futuro para el sistema, que transforma la cuestión de la movilidad de los haberes en un tema central en la definición del régimen previsional futuro. Si las cosas siguen como están, se afirman condiciones para un sistema en dos velocidades. Jubilaciones de primera en las AFJP y Jubilaciones Mínimas en un Estado desfinanciado.

adjunto material completo


Ana Rameri; Tomas Raffo; Claudio Lozano. Agosto de 2007

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