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Políticas públicas [22/05/2009] Sobre la provisión de los servicios de agua y saneamiento, comunicación, energía y transporte en tanto pública y el consecuente rol del Estado. Construcción de derechos de los habitantes al usufructo de los mismos. Despliegue y mantenimiento de los medios necesarios tanto para la provisión como para la infraestructura básica
Servicios públicos en la Constituyente SocialLa provisión de los servicios de agua y saneamiento, comunicación, energía y transporte tiene el carácter de público y por lo tanto, implica la presencia del estado nacional para asegurar:
Fundamentos:La enunciación de los derechos del ser humano se realiza en función del modelo de sociedad a la que se aspira y teniendo en cuenta el desarrollo productivo de esa sociedad. No cabe aquí la referencia a un "hombre natural" desprovisto de todo bien social, sobre el cual sería posible especular cuales serían sus necesidades básicas. De lo que se trata en cambio, es de asegurar la realización del ser humano dentro del contexto social en que se desenvuelve y en el marco tecnológico de esa sociedad. Esta consideración no es de ningún modo pasiva, sino que la enunciación de derechos se corresponde con un cierto modelo de sociedad hacia donde se quiere marchar, y por otro lado la lucha en defensa de estos derechos será un factor que ayudará a la transformación de la sociedad actual. Desde la CTA aspiramos a una sociedad solidaria, democrática y con autonomía. Esto implica redistribuir la riqueza, implementar la participación popular y definir un nuevo proyecto productivo de bienes y servicios. En ese marco aparecen los derechos a la salud, la educación, la vivienda y la justicia y también los derechos a los servicios de agua y saneamiento, comunicación, energía y transporte. Si nos referimos en particular a los derechos a los servicios de agua y saneamiento, comunicación, energía y transporte, éstos constituyen por un lado una expresión de justicia distributiva y por otro se enlazan con un proyecto social de reindustrialización, que además está ligado a la defensa del patrimonio nacional y los recursos naturales. (Nótese que si se apuntara a otro modelo de sociedad, se pondría énfasis por ejemplo en proteger al consumo en lugar de enunciar el derecho a los servicios, en defender la libertad de expresión en lugar de plantear el derecho a la comunicación, en asegurar la libertad de circulación en lugar de establecer el derecho al transporte público, etc., etc.) Estos derechos se refieren como se dijo, al ser humano en sociedad y no a un modelo de ser humano abstracto o "natural" que respondería a la especulación de los filósofos del siglo XVIII. En este contexto, pierde sentido además la enunciación de "servicios más esenciales" frente a otros que no lo serían tanto. Esta enunciación pretendería en efecto, ignorar la situación real de la población, retrotrayéndola al estado (que nunca existió, por otra parte) de "hombre natural" y desprovisto de todo bien social, y al que le sería dado elegir cual servicio le es más necesario en primera instancia. En esta línea de pensamiento anterior (que a veces es bien intencionada y hasta ha salido del propio campo popular) se escuchan definiciones como que "el agua es más esencial que la electricidad", o "la electricidad es más esencial que el teléfono", o que "el teléfono es más esencial que Internet", etc., ignorando así no solo la totalidad social en que estas comparaciones deben ser hechas (y donde alguna definición tal vez tuviera sentido en una situación particular), sino también ignorando el sentir y las necesidades, o aún las elecciones concretas de los propios habitantes, como así también evitando análisis más amplios y reales, que consideren situaciones de desprotección social momentánea como catástrofes naturales por ejemplo, y en donde el orden de esencialidad vulgarmente enunciado (el ubicar a la comunicación como algo "poco" esencial, por ejemplo), se invierte dramáticamente. El aseguramiento de estos derechos implica la presencia activa del estado nacional en la prestación de los servicios, en su papel de planificador y controlador. Esta presencia además, debe realizarse en el marco de un nuevo proyecto productivo nacional. En efecto, la prestación de los servicios de agua y saneamiento, comunicación, energía y transporte constituye un factor económico formidable y principal en un país, desde las cuestiones de generación de empleo, desarrollos productivos regionales, consumo de bienes de capital e incorporación de tecnología, etc. La consideración anterior, lleva a que el nuevo modelo productivo y tecnológico de la Nación deba tener como eje, junto con la recuperación del patrimonio y los recursos naturales, a la planificación y control estatal del desarrollo de los servicios públicos. En ese sentido, la infraestructura básica para la provisión de los servicios (redes troncales, recursos esenciales, etc.) debe tener carácter de pública y su cesión solo podrá hacerse en los casos que sea necesario, en una modalidad de concesión transitoria y sin perder la propiedad estatal y el control de la comunidad sobre el desarrollo y destino de la misma. AnexoObligaciones de los prestadores de los servicios públicos a) Universalidad, ya que se concibe al servicio como un derecho fundamental de todos los habitantes, esencial para la pertenencia plena a la comunidad. Por lo tanto, el objetivo de la prestación del servicio en forma universal prevalece sobre toda cuestión de eficiencia económica. b) Continuidad, dado que la prestación del servicio debe ser ininterrumpida. c) Calidad, entendiendo que la prestación del servicio debe ser plena y con niveles de calidad adecuados conforme a las tecnologías disponibles. d) Obligatoriedad, definida como la admisión técnica, operativa o económica no discriminatoria del solicitante. e) Regularidad, entendida como la prestación del servicio que corresponda en las modalidades, formas y horarios estipuladas en la definición del servicio. Derechos de los usuarios de los servicios públicos a) A estar en igualdad de condiciones con los demás usuarios para acceder al servicio y a recibir un servicio de acuerdo a la modalidad establecida. b) A que el precio de un mismo servicio sea independiente de la ubicación geográfica donde se presta. c) A que la forma de hacer uso del servicio sea la misma en todas partes. d) A estar debidamente informado sobre el uso adecuado de los servicios. Cepetel - Agosto del 2008 También en Políticas públicas Un paquete social insignificante Analísis crítico sobre el paquete de medidas sociales anuanciados por el ejecutivo Nacional para el 2009. Articulo por Claudio Lozano y Tomas Raffo A propósito de la Tarifa Social Documento de discusión sobre las posibilidades de aplicación de la Tarifa de Interés Social. Análisis del suministro de los servicios públicos y fundamentación de la propuesta. A propósito del reciente aumento de la luz Documento de análisis sobre el aumento de la tarifa de luz, donde se pone en discusión la relación entre consumo y capacidad de pago como criterio para la aplicación del aumento. El Aumento previsional y la ausencia de movilidad El presente documento nos permite demostrar que si los recursos del sistema previsional se utilizaran con el objetivo por el que se recaudaron, la situación de la población mayor seria mas favorable. Ana Rameri; Tomas Raffo; Claudio Lozano. Agosto de 2007 ¿Transición o reforma previsional? El presente documento pone en discusión el proyecto de ley del sistema provisional argentino enviado por el gobierno Nacional al parlamento Claudio Lozano; Alejandro Lopez Mieres; Tomas Raffo . Políticas Sociales, Desigualdades y Derechos El siguiente trabajo se propone analizar la actual relación entre Políticas Sociales, Desigualdades y Derechos a partir de las distintas formas de involucramiento de las organizaciones sociales territoriales en las políticas post 2002. Por Ana Arias y Emilio Sadier Material elaborado por la mesa de políticas sociales IEF para discutir, definir acuerdos y posibles estrategias respecto al desempleo, la pobreza y la formación en Argentina, obviamente en el marco de un proyecto de país que contemple la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Por Diego Baccarelli y Esther Levy Documento de análisis sobre la reconversión del programa "Jefes y jefas de hogar” por los programas "Familia por la inclusión social" y "Seguro de capacitación y empleo". Por Ana Arias y Emilio Sadier. |
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