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CTA - Observatorio del Derecho Social // Boletín Electrónico Periódico // Año 02 Nº 16
HACIA UNA AGENDA SOCIAL CONCERTADA: UN DEBATE PARA VOLVER A LA CONSTITUCIÓN.

Por Horacio David Meguira
[8/08/2007]

1. Crecimiento del producto y matriz distributiva.

La primera constatación que puede hacerse de la actual etapa es que, luego de cuatro años de crecimiento ininterrumpido a una tasa del 9% anual, el PBI del 2º trimestre del 2006 es superior en un 18,2% al 2º trimestre de 1998. Es decir la producción de riquezas en el país supera lo que se producía previo al inicio de la última crisis.

Este crecimiento ha coexistido con patrón regresivo de distribución de la riqueza: el 30% de la población más rica se apropia del 63,1% de los ingresos generados, mientras el 70% se las tiene que arreglar con el 36,9%.

El incremento del producto y la caída del desempleo no han tenido efectos sustanciales en términos de reducción de los niveles de precarización (trabajo no registrado). Respecto de este sector, el Gobierno sólo promueve políticas de fiscalización que, a la luz de sus resultados, distan de haber sido eficaces, con el agravante que en algunos sectores de la industria manufacturera hay pleno empleo y carencia de trabajadores especializados.

Aún habiendo mejoras en los índices de pobreza e indigencia existen aún grandes sectores de la población que permanecen sumergidos y, de no contar con la intervención activa del estado, difícilmente abandonarán su condición de inempleabilidad.

La Argentina se encuentra delineando por estas horas los principales rasgos del patrón de acumulación que reemplazará al que rigiera hasta la caída del régimen convertible. Sin embargo, el esquema de distribución de la riqueza parece no estar aún en debate en amplios sectores del poder económico o institucional.

Las tímidas políticas sociales se dirigen hasta ahora, más a cristalizar la estructura distributiva emergente como consecuencia de dicho patrón de acumulación, que a generar modificaciones sustanciales. Ello a pesar de advertirse modificaciones en el funcionamiento de las principales variables macroeconómicas.

2. ¿De qué tipo de negociación estamos hablando?.

Las consecuencias del modelo neoliberal también se reflejaron en un debilitamiento de la representación sindical en el lugar de trabajo. De acuerdo a un informe del Ministerio de Trabajo realizado el año 2005, en tan sólo el 12,4% de las empresas existe al menos un delegado gremial, porcentaje que se eleva al 52,5% en las empresas de más de 200 trabajadores.

Por ello, la reconstitución formal de la negociación colectiva, que trasladó el conflicto territorial de la crisis al conflicto de la producción (salarios), implicó un proceso condicionado. Este año se ha repetido la secuencia que fuera diseñada para afrontar las negociaciones colectivas salariales durante el año 2006: a) Adopción del convenio testigo, que fija las pautas que habrán de ser utilizadas como base para las restantes negociaciones; b) Puesta en escena mediática de los alcances del o de los “convenios testigos”; c) Desarrollo de las restantes negociaciones colectivas de acuerdo a dichas pautas; d) Escasa negociación de condiciones de trabajo; e) Utilización de “sumas no remunerativas” como una forma de aumento salarial; y f) Convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con posterioridad a la negociación de los gremios mas importantes (de acuerdo al Informe 2006 del Observatorio del Derecho Social de la CTA).

Por encima de los aumentos concedidos a los docentes, el sector público es el más relegado del sector formal, no habiendo recuperado aún el poder adquisitivo de antes de las crisis del 2001.

La negociación colectiva y los aumentos salariales allí pactados han demostrado que en soledad no se avanza suficientemente hacia una distribución mas justa. Los aumentos salariales llegan solo a una parte: los trabajadores registrados formales.

En términos sociales, el proceso descrito conlleva el riesgo de consolidar la existencia de un sector privilegiado, que participa de la discusión sobre la determinación de las políticas socio - económicas, mientras una gran mayoría permanece al margen, a la espera de que las consecuencias virtuosas del modelo derramen sus efectos (la experiencia de los 90 nos enseña que solo es un espejismo).

3. La necesidad de una agenda social concertada.

Para que ello no se convierta en una patología se requiere con urgencia instalar en sociedad una agenda social que se plantee un plan concertado de medidas a adoptar para que el crecimiento se institucionalice, y se puedan establecer los canales para no quedar a merced del crecimiento del PBI. Para ello se hace necesario convocar al nivel más alto y más amplio de representación de los actores sociales.

La concertación social es un método en el que la participación de los interlocutores puede importar, en el marco de las decisiones socio - económicas, una negociación, entre sí y con las autoridades que puede dar el marco a negociaciones del nivel inferior, o de proyectos de ley que luego derivan en tratamiento parlamentario. Puede ser entonces una forma de democratización y reconocimiento de los sujetos colectivos.

La agenda social es justamente el acuerdo sobre qué medidas se hacen necesarias para modificar la matriz distributiva más allá de la que se genera en la negociación colectiva de cada actividad, rama o empresa, y apuntar justamente a los sectores más vulnerables donde justamente el salario y el convenio colectivo no pueden llegar.

Se requiere generar mecanismos institucionales que garanticen una amplia participación con la totalidad de los actores sociales involucrados, que a su vez deberán contar con marcos jurídicos y fácticos que respeten su autonomía, único medio eficaz para dar cuenta de su papel como espacios de intermediación.

4. Contenidos de la agenda social.

Esta visto que no es posible generar un sistema de relaciones laborales democrático, si no hay una red que lo contenga. En ese sentido, las medidas que se puedan adoptar deben estar acompañadas de la reconstrucción de los sistemas estatales y universales de seguridad social, especialmente: el seguro de empleo y formación, la previsión social, la universalización de los salarios familiares por hijo y la salud pública.

La reciente ley sobre el traspaso al régimen de reparto de jubilación debe ser solo el comienzo de medidas tendientes a regresar al sistema constitucional y por ende a la seguridad social.

A su vez, para cumplir dicho proyecto constitucional, el vector más importante para regenerar el círculo virtuoso de la relación producción-distribución es el salario mínimo vital y móvil. Para ello se hace imprescindible que el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reúna plenamente con el funcionamiento de sus comisiones y permita fijar con toda claridad cuál es la canasta básica, es decir, lo que requiere un trabajador para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Para tener pautas de la negociación, el salario mínimo, vital y móvil debe ser el punto de partida y no el cierre de un período de la negociación. Se debe establecer un mecanismo que permita arribar a sumas acordes con dicha canasta básica.

Para que todos estos objetivos sean cumplidos, además de un plan compartido y concertado, hace falta que los trabajadores cuenten con libertad para organizarse y suficiente tutela para poder ser la garantía del cumplimiento de las normas concertadas. Por ello se hace necesario revisar los sistemas de representación en la empresa y fuera de ella, en un marco de libertad y democracia sindical.

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