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Secretaría de Extensión Universitaria - Universidad de Buenos Aires
JORNADAS “TE DOY MI PALABRA”

Buenos Aires - Octubre de 2004
[15/10/2004] Este trabajo expone estudios sobre las políticas universitarias relacionadas con la discapacidad, su inserción como tema en los contenidos de diferentes carreras, discriminación a estudiantes discapacitados como forma de invisibilización del “otro”. Se trata del reconocimiento en la práctica de los derechos de los propios estudiantes de la UBA en situaciones discapacitantes y la omisión institucional en el cumplimiento de las normas. Debe consagrarse el derecho a la diferencia a partir de la ética del reconocimiento, consagrando así en el caso concreto la formulación universal de la ética de la justicia. Es importante detectar y afrontar la violencia simbólica que ejerce la institución ante las personas diferentes a patrones regulares. Es el caso de la inaccesibilidad edilicia, el silencio frente al tema y la exclusión de personas diferentes.

ESTUDIANTES “DISCAPACITADOS”: INVISIBLES EN LA UBA

El 10 de julio de 2002 el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires sancionó la Resolución Nº 154/2002 que creó una comisión transitoria para la elaboración de pautas para las personas con necesidades especiales que cursen estudios en la universidad.

El objetivo de esa comisión fue la elaboración de normas para la atención de personas con necesidades especiales en la UBA que contemplen el tipo de limitación, los estudios elegidos y las recomendaciones pertinentes. Se dio a esa comisión la posibilidad de convocar a especialistas de la propia universidad o externos a ella, con el propósito de alcanzar el mejor nivel humanitario y técnico en sus propuestas.

La comisión tenía un plazo de noventa (90) días para expedirse. El 17 de septiembre de 2003 el Consejo Superior sancionó la Resolución Nº 1859/2003 que enumera a los especialistas y a las entidades que fueron convocados para la tarea de asesoramiento: Elisabeth Giménez Pastor (AMIA), Fernanda Bona (Asociación Civil Zoe y Facultad de Ingeniería), Claudio Benardelli (Comisión Nacional Discapacitados de la Presidencia de la Nación), Damián Barbirotto (COPROMA de la Facultad de Arquitectura), Carlos Ferreres (Central de Trabajadores Argentinos), Abraham Felperín (Director de la Discapacidad AMIA), Carlos Eroles (Facultad de Ciencias Sociales), Gustavo Cediel de Rose (Facultad de Ingeniería), Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro PRO), Ariel Librandi y Pablo Molero.

Los conceptos que tomó en cuenta la comisión para abordar el tema son los siguientes, extraídos de sus considerandos:

“Entender que la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales es inescindible de la lucha por la superación de todas las otras formas de exclusión social”

“La persona con discapacidad y/o necesidades educativas especiales debe ser reconocida como tal, en la plenitud de su dignidad. Es un sujeto de derecho cuya ciudadanía debe ser promovida.”

“Las personas con discapacidades y/o necesidades educativas especiales para ejercer su derecho a aprender en los ámbitos universitarios requieren apoyos, que permitan eliminar o sobrellevar obstáculos para el desarrollo de la vida académica”,

“Más que una normativa especial las personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales necesitan orientación vocacional para poder evaluar por sí mismas las posibilidades y obstáculos que presenta la carrera elegida y decidir libremente”

“La discapacidad es una cuestión social y de derechos humanos, que requiere una articulación con la vida cotidiana en la ciudad para superar problemas, barreras, transporte, que favorezca la inserción universitaria de las personas con discapacidad.”

“Que corresponde que esta universidad brinde el más decidido apoyo a esta trascendente contribución a la integración de las personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales”

En base a estos considerandos el Consejo Superior resolvió crear un Área Permanente dependiente del rector dedicada al abordaje del problema de la discapacidad en la UBA (artículo 2º). El objetivo del área será promover la accesibilidad plena, física, comunicacional, cultural y pedagógica, en todos los ámbitos de la universidad (artículo 3º). Asimismo ordena establecer una política de becas y de tutores a cargo de docentes especializados para los estudiantes con discapacitados y/o necesidades educativas especiales (artículo 4º).

También propone promover la enseñanza de contenidos y/o asignaturas específicas sobre discapacidad en el currículum de las diversas carreras, así como de acciones de investigación y de extensión universitaria que favorezcan la inserción educativa laboral y social de las personas con discapacidad (artículo 5º).

Por último promueve el desarrollo del voluntariado y la respectiva capacitación para colaboración y apoyo a personas con discapacidad, en beneficio de un mejor desempeño académico (artículo 7º).

Además insta esta resolución a que frente a la posibilidad de una reforma estatutaria se enuncien explícitamente los derechos y apoyos que la universidad debe ofrecer a sus estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales, que permitan generar una auténtica igualdad de oportunidades (artículo 1º).

La creación de un área en el ámbito del rectorado y medidas análogas en las facultades cumple con un compromiso que formaliza la enumeración de buenas intenciones e individualiza a responsables de proyectos o equipos de trabajo, “tematiza” un problema, se nombra a un colectivo diferente entre el alumnado y se buscan responsables de gestionar sus demandas así como agenciar una transformación en la genérica situación de discriminación arbitraria.

La creación de una comisión no resuelve el problema aunque significa que se lo puede nombrar, que puede ser tratado algo que en otro momento era opaco, que no estaba incorporado a la agenda pública. Y aún más, podría decirse que lejos de resolver el problema, inicia un abanico de riquísimas posibilidades de análisis, de planteos teóricos y replanteos “desnaturalizantes” acerca del funcionamiento de lo social, de los contenidos simbólicos que se subsumen a la identidad propuesta para un colectivo particular, el estigma que conlleva (situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación) y la manera en que se estructuran los lazos de sociabilidad y las relaciones interpersonales en torno a este problema.

Las situaciones estigmatizantes pueden muchas veces ser omitidas de la consideración de las instituciones oficiales en nombre de un decoro o pudor neutral, asegurando un tratamiento universal igualitario a todos los integrantes.

Proponemos por el contrario visibilizar las diferencias y reconocerlas. El argumento para explicitar esta diferencia proviene de la conveniencia de habilitar el tema, lo cual puede ser difícil aún para los interesados que pueden sentirse obligados a abordar una posible desventaja solamente desde su esfuerzo extra individual (Goffman, 2001:20).

Es fundamental que las personas con discapacidad asuman esta condición para integrar un colectivo que genere un movimiento, con la posibilidad de autogestionarse en su propia vida. Para eso hay que eliminar las barreras que lo impiden.
Tomamos de un artículo de Carlos Eroles publicado en el libro “La discapacidad una cuestión de derechos humanos (Eroles-Ferreres, 2002) , el siguiente texto, que ilustra sobre esta temática:

“El rechazo del diferente, la invisibilización, el dominio paternalista de los ámbitos culturales y los espacios públicos, se sigue practicando en nuestra sociedad, plagada de prejuicios, prepotencias y negaciones de la dignidad humana.”
“Desde ciertos modelos culturales y socio-económicos se sostiene que todo lo diferente puede y debe ser invisibilizado. A los distintos o diversos se los considera inexistentes (invisibles) o parte del mundo de lo que vale menos (minusválido).”
“Hoy los excluidos, los marginados, los pobres extremos, los débiles, las víctimas de diversas formas de violencia, los discriminados racial y socialmente y la mayoría de las personas con discapacidad, forman parte del subsuelo de la Patria. En rigor siempre lo fueron. Simplemente recién ahora, a principios del siglo XXI podemos percibir estos hechos como una injusticia incompatible con la dignidad humana.”
“Hoy todas las personas, por el sólo hecho de serlo tenemos la condición de ciudadanos y tenemos derecho a exigir que se nos respete como tales.”
“No hay democracia sino se escucha y no se reconoce al otro, si no se busca lo que tiene un valor universal en la expresión subjetiva de una preferencia.”
“El debate democrático existe cuando las demandas sociales rigen la vida política, pero a su vez son regidas por orientaciones culturales, de las que aquellas demandas constituyen las expresiones sociales opuestas y complementarias.”
“La ética del discurso -a la que hacen referencia entre otros Habermas, Apel y Adela Cortina tiene relevancia política y ha hecho esfuerzos para incidir en la consolidación de la democracia, de los derechos humanos, de la solidaridad y de la comunicación”.
La invisibilidad significa el no reconocimiento del otro. En general se habla del otro, de la diferencia, pero existe lo no dicho a partir de la falsedad de creerse homogéneo. Esto es una imposición social que fomenta esa homogeneidad desde paradigmas de “éxito social”, en el caso universitario asociado al “éxito profesional”.

La efectivización de los derechos humanos requiere de una superación de la ética de la justicia, apuntando hacia una ética del reconocimiento. Este planteo, desde los movimientos por los derechos civiles de minorías étnicas y grupos feministas en los Estados Unidos hace 30 años, hoy puede aplicarse a las personas discapacitadas en nuestro país y en nuestra universidad. Es necesario un reconocimiento, una visibilización de un grupo que está secretamente segregado .

Se ejerce violencia simbólica al no tener el rectorado una rampa de acceso, igual en el Ministerio de Educación, donde solamente hay rampa en el sector biblioteca lo cual indica que se concibe que un discapacitado lea pero no que acceda a los ámbitos de decisión.
La UBA no tiene en la actualidad una política activa que forme profesionales atentos al tema, ni formados técnica y éticamente para enfrentar situaciones específicas de la integración de personas discapacitadas. Tampoco está preparada para recibir a los estudiantes discapacitados. Desde ese punto de vista, es una universidad privada de acceso, privada de compromiso y privada de plena participación para los que son distintos.

En este tema hay una decisión política que es importante discutir públicamente. Hay decisiones y omisiones que impactan en hechos concretos con consecuencias en el largo plazo, por ejemplo el diseño y construcción de nuevas sedes que en este momento se están en ejecución para el CBC y para la facultad de Ciencias Sociales. El compromiso de ver, de escuchar al otro, de dar la palabra, requiere de una lucha inclusiva que no deje afuera a las personas discapacitadas.

Es posible que las personas diferentes requieran de la aplicación de políticas diferentes. Esta ética del reconocimiento tiene por objetivo el mandato de la igualdad entre las personas, nuestra universidad merece debatir esto en el plano de la gestión y en los ámbitos netamente académicos. No se requiere ser una persona discapacitada para ver esta flagrante discriminación.

La propia naturaleza del gobierno universitario implica un debate continuo sobre las políticas académicas, que debe ser enriquecido con los datos de la puesta en práctica en la gestión cotidiana. La democratización en las instituciones implica recorrer también el trayecto de la diversidad no ya reconociéndola entre sus integrantes sino también promoviendo diferentes estilos, abordajes disciplinarios y formas de gestión docente.
A modo de conclusión
La integración de las personas con discapacidad, o si se quieren usar eufemismos de quiénes tienen necesidades especiales dentro de la comunidad universitaria como estudiantes, graduados, docentes y no docentes, merece un análisis en profundidad para no continuar invisibilizando, excluyendo y expulsando
La inclusión de la cuestión de la discapacidad en la vida universitaria es un tema central de agenda. Si se lo continúa postergando solamente se conseguirá acentuar el perfil antidemocrático y expulsivo de una Universidad que también rechaza a los más pobres, aunque no quiera imaginarlo así. Y no solamente porque es difícil para los más pobres adecuarse al ritmo y al estilo peculiar de la vida universitaria, sino porque rechaza asumir un compromiso ético con est sectores populares y en lucha contra la condiciones estructurales que generan la pobreza, contra el racismo y contra las diversas formas de discriminación. En suma porque no forma éticamente a los universitarios para asumir, lo que llamaremos, aun a riesgo de que algunos lo consideren una ingenuidad, “la causa del pueblo” y la construcción de una ciudadanía verdaderamente universal.
En suma la discapacidad es una cuestión política y no entenderlo así implicaría que las autoridades universitarias de hoy se colocan en la estúpida postura de negar la realidad, así como también la esencia democrática y sin exclusiones, que surgió de la lucha histórica de la Reforma Universitaria.
Para comenzar este proceso de inclusión se necesitan pocas medidas:
a) Dar efectiva vigencia a la Resolución n° 1859/2003, designando al funcionario a cargo y si lo hubiere, haciéndolo visible para todos.
b) Relevar las barreras arquitectónicas, comunicacionales y pedagógicas que generan obstáculos para la integración y genera un plan preciso para su eliminación.
c) Designar en cada una de las trece facultades de la UBA un equipo técnico integrado por dos cargos de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva para orientar psicopedagógica y socialmente a las personas con discapacidad y un equipo asesor con miembros ad-honorem de cada una de esas unidades académicas. Es decir que sugerimos 26 designaciones, en un universo de docentes que supera largamente los 20.000.
d) publicitar que la Universidad de Buenos Aires, es una Universidad abierta y coherente, que está dispuesta a adaptar sus estructuras y abrirse a la integración de las personas con discapacidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EROLES Y FERRERES , compiladores (2002): “La discapacidad: una cuestión de derechos humanos”, Espacio Editorial, Buenos Aires
GOFFMAN, Irving (2001) Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires.


AUTORES DE LA PONENCIA:

CARLOS EROLES: Profesor regular de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Ex-Director de la Carrera de Trabajo Social (1998-2000) Coodinador Comité de Evaluación Convenc. Interam. Contra la Discriminación de Personas con Discapacidad. ceroles@fibertel.com.ar

JUAN ANTONIO SEDA: Abogado. Docente (JTP) de la asignatura “Derecho de Familia y Sucesiones” de la carrera de abogacía (UBA). Subdirector de Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho (UBA). juanseda@hotmail.com

FRANCO RINALDI: Estudiante de la Carrera de Ciencia Política (UBA) luzmoro@ciudad.com.ar

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