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Coyuntura inflacionaria en la Argentina
LOS RICOS CONSUMEN MUCHO E INVIERTEN POCO

FeTERA SEMANAL Nº 329 - Año 9, 10/10/07

Investigación elaborada por: Claudio Lozano, Tomás Raffo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Este material interpreta la coyuntura inflacionaria como resultado de la ausencia de una regulación eficaz frente a una economía concentrada y desigual.

Funda sus consideraciones en dos tesis que son centrales cuando se mira el funcionamiento de la economía local: El presente material interpreta la coyuntura inflacionaria como resultado de la ausencia de una regulación eficaz frente a una economía concentrada y desigual. Funda a su vez sus consideraciones en dos tesis que son centrales cuando se mira el funcionamiento de la economía local:

1) Argentina, luego de la reestructuración de los últimos 30 años, es un país donde (más allá de los cambios en los precios relativos resultantes de las modificaciones internacionales y de las diferentes estrategias de política económica) muy pocas empresas en muy pocos sectores realizan ganancias extraordinarias a expensas del resto de las empresas y del conjunto de la sociedad. Esto redunda en dos efectos concretos: baja tasa de inversión y fuerte desigualdad. Por ende, en la Argentina de la concentración, la oferta exhibe límites para su expansión.

2) La desigualdad define que mas de la mitad del consumo privado se explica por el consumo de los sectores medios/altos y de altos ingresos. Esto determina a su vez una dirección inadecuada para la inversión.

La Argentina es así un país donde los ricos consumen mucho e invierten poco y mal. Es este comportamiento el que, luego de cinco años de recuperación de la actividad económica, se expresa en una demanda que supera la oferta y que provoca la expansión de las importaciones de bienes de consumo y el alza de los precios. No se trata por lo tanto de retornar a los viejos discursos que pretenden volver a decirnos que hay que frenar la fiesta, cuando la sociedad en su gran mayoría no retornó a los niveles de vida de la década pasada. No hay lugar por lo tanto para un pacto social restrictivo acompañado de un ajuste fiscal mayor (opción oficial y de Lavagna), ni tampoco para políticas ortodoxas que enfríen la economía (opción Macri - Prat Gay -Carrió).

El objetivo debe ser, casualmente avanzar en una regulación eficaz que fortalezca la intervención del Estado en dirección a reparar el daño social acumulado (lo cual exige reforma impositiva, fortalecimiento del sistema público previsional y políticas sociales universales) y a reorientar el proceso productivo con el criterio de ampliar la oferta de bienes salarios y agregar valor sobre la base de los recursos naturales de nuestro país. Esta intervención estatal sólo puede sostenerse por vía de la captura en manos públicas de las rentas extraordinarias que hoy embolsan los principales capitales mediante la explotación de nuestros recursos de base energética, minera y agraria. En este sentido, no menos de U$S 20.000 millones están afuera del manejo de los argentinos.

Desde esta perspectiva, Argentina debiera encarar el tema inflación en base a los siguientes criterios:

a) El primer problema es que nuestro país vende al mundo productos alimentarios y energéticos que consume en el mercado doméstico. Esto plantea una reflexión respecto a la relación entre el precio internacional y el precio interno. Es indispensable diferenciar entre uno y otro fijando el costo de producción local (y no el precio internacional) como el punto de referencia para la fijación del precio en base al cual se abastece el mercado interno.

Por cierto, el Gobierno ha intentado con diferentes resultados “desacoplar” ambos mercados con el objeto de achicar las subas externas de las commodities. Así, con subsidios mantienen congeladas las tarifas del transporte público y de algunos servicios. También otorga recursos a una gran cantidad de sectores para que no remarquen y fijan retenciones para manejar el precio local de los combustibles. No obstante, está claro que la estrategia oficial hace un manejo limitado de las retenciones, en ningún caso pretende alterar que el parámetro de referencia para estas actividades sea el precio internacional, y no tiene por objetivo intervenir para replantear la organización de la producción y la comercialización.

b) El segundo criterio a considerar es la morfología de los principales mercados de la economía local. Más allá de la idea de “Acuerdos de precios” que tanto se ha extendido como modo de eludir la necesidad de construir marcos de regulación pública sobre los mercados, corresponde precisar que en el caso argentino el predominio de los oligopolios, monopolios y oligopsonios, contribuye también a favorecer el proceso por el cual los precios se desvinculan de su costo de producción. Por ende, regulación pública de carácter antimonopólica es el segundo instrumento a reivindicar en una estrategia de reordenamiento de los precios dirigida a sostener una nueva propuesta de desarrollo para el país.

c) El tercer criterio es el Estado involucrándose bajo diversas formas (intervención productiva directa, regulación, impuestos y subsidios) en el proceso de inversión. La ausencia de regulaciones antimonopólicas y la falta de intervención pública seria dirigida a diferenciar el precio interno del internacional en materia agropecuaria y energética, define que existen empresas que disponen de condiciones que les permiten realizar ganancias extraordinarias con independencia de su esfuerzo de inversión. Para ser precisos, partimos del supuesto de que el comportamiento inversor se asocia virtuosamente con el desarrollo cuando la regulación pública logra que el acceso empresarial a una “renta (ganancia) diferencial” sea el resultado del esfuerzo inversor. Si por el contrario, las condiciones de explotación de la fuerza laboral, el predominio en los mercados y el control privado sobre la explotación de los recursos naturales permiten ganancias extraordinarias sin inversión, la inversión se reduce

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