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CTA - Observatorio del Derecho Social // Boletín Electrónico Periódico // Año 03 Nº 26 Por Moisés Meik
[11/07/2008]
En el marco del conflicto agrario deberíamos considerar que el análisis no puede obviar la situación y los intereses de los trabajadores subordinados del sector agrario. Ellos son, hasta ahora, los realmente "ninguneados" por los que asumen ser "partes" exclusivas del conflicto. Siendo aquéllos los verdaderos perdedores, desde siempre, por el trato de sus apropiadores de su fuerza de trabajo o empleadores, directos o indirectos. Por un lado, la siempre viva y dominante oligarquía, constituida por los que siguen siendo los mayores dueños de la tierra de las zonas más productivas. Por otro, sectores medios de esa actividad productiva, sometidos a esa dependencia interempresarial de dominio y supervisión. Ese cuadro de apropiación explica la impresionante clandestinidad del trabajo rural. Todo ello con la nada ingenua pasividad del Estado. Y, asimismo, por la notoria debilidad sindical formalmente representativa. El Estado no puede aparecer, recién ahora, invocando, y sólo como parte del discurso confrontativo, el exorbitante "trabajo en negro" en el campo, como si ello fuese una reciente sorpresa, ante un cuadro frente al cual el poder institucional se presentaría como ajeno. Esa larga pasividad no sólo se evidencia en el control de la legislación sino y principalmente en el mismo aspecto legislativo. Ya que es evidente la injusticia que significa la exclusión de los trabajadores agrarios del sistema regulatorio general de los trabajadores abarcados plenamente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esa morosidad en prolongar un estatuto especial de segunda clase entre los trabajadores amplía la brecha de la dualización del mal llamado "mercado de trabajo". Lo que se impone es la inmediata aplicación a los trabajadores agrarios de los derechos de todos los asalariados regulados por la LCT, así como la previa e inmediata derogación de la reforma por la dictadura de esta normativa general, de 1976 (otra pasividad conciente de todos los gobiernos posteriores, incluido el actual y el que le precedió) y el restablecimiento del texto originario aplicables a todos los asalariados. Se debe señalar, asimismo, que es inexplicable que una actividad productiva tan rentable como lo es actualmente la sociedad sojera, en pleno conflicto, permanezca con proporciones ignominiosas de trabajo clandestinizado por la sola decisión de los empleadores-empresarios exitosos económicamente, todo ello, con la pasividad del Estado en ese aspecto. Si realmente se pretende enfocar con seriedad la justicia social en el campo, además de las retenciones, el Estado debe disponer, en una sesión parlamentaria inmediata -sobre tablas- esas reformas normativas, condicionando, asimismo, la percepción de los reintegros al pleno cumplimiento de las obligaciones laborales por los empleadores, principales y contratistas, arrendatarios, pools de siembra, etc., de todos sus dependientes, estableciendo la responsabilidad solidaria de todos los sujetos intervinientes en esa cadena productiva. La defensa del Estado social y democrático de Derecho no puede omitir esos aspectos. Sólo en esas condiciones defenderemos una democracia sustancial y no meramente formal, que algunos sectores nunca han querido realmente y respecto del cual, como se ha señalado, el Estado tiene, a su vez, marcadas asignaturas pendientes. También en Boletín Electrónico Periódico Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe anual 2009 La importancia estratégica del Salario Mínimo, Vital y Móvil Un nuevo pronunciamiento en defensa de la libertad sindical El servicio público de importancia trascendental Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe anual 2008 Informe sobre los trabajadores mecánicos de Córdoba El concepto de acción sindical relevante como nuevo factor de discriminación |
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