EL trabajo, da cuenta de la composición de los fondos del denominado SIPA, de los destinos ya anunciados por la Presidenta y de aquellos que figuran en la información reservada de la citada Secretaría.

Luego de aportar esta información (ver cuadros en archivo adjunto), concluimos que:

(..) en documentos reservados de la Secretaría de Financiamiento, se baraja no solo la necesidad de hacer uso del SIPA para todo lo expuesto. También se pretende que además de que financie todo, se haga cargo de cancelar la vieja deuda del ANSES con el Tesoro equivalente a $ 8.110 mill. correspondientes a los Bonos Previsionales del año 1997.

Queda una sola pregunta por hacer frente al uso ilegal de los fondos que el Gobierno realiza: ¿Y los Jubilados?

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Pese a que la estatización de las AFJP ha dado como resultado un ANSES excedentario y multimillonario, el gobierno en lugar de avanzar en la recomposición de los haberes jubilatorios y en la cancelación de la deuda por movilidad que la sociedad argentina mantiene con sus jubilados, ha decidido mantener la tramposa fórmula de movilidad que sancionó el año pasado y en base a ella ha planteado un aumento a partir de Marzo de apenas el 11,69%. Así, los $690 que hoy perciben el 76% de los beneficiarios pasarán a transformarse en $ 770. Apenas $ 80, $2.66 por día, definen la magnitud de la migaja oficial. Mientras tanto, el gobierno ha tomado la sencilla decisión de transformar al multimillonario ANSES en la caja principal del Tesoro Nacional.

Así, información reservada de la Secretaría de Finanzas de la Nación, destaca, sin sonrojarse, que frente a necesidades de financiamiento del Tesoro para el 2009 por $ 62.000 mill. , y ante un mundo que no nos permite financiarnos, la solución no es postergar pagos y privilegiar nuestras necesidades de desarrollo, sino utilizar los recursos del denominado SIPA ( Sistema Integrado Previsional Argentino ) como financista de última instancia. El detalle de esta estrategia es la siguiente:

 Si bien la deuda del Tesoro con el ANSES alcanza los $8.450mill( Letras emitidas durante el 2008 más una correspondiente al 2007 ) y tiene vencimiento durante este año ( el Tesoro debiera devolverle el dinero al ANSES), el Programa Financiero oficial se propone no solo no pagarla sino refinanciarla en las condiciones originales. Es decir, por debajo de las condiciones de mercado vigentes. Así, mientras los préstamos garantizados en manos de los banqueros son canjeados por bonos que duplican el rendimiento de los que tenían en cartera, los fondos previsionales percibirán rendimientos inferiores e incluso por debajo de la tasa de inflación real.

 A su vez, el ANSES seguirá haciéndose cargo durante el 2009 del pago de deuda asociado al incremento del PBI. Esto obliga al organismo de la Seguridad Social, a comprar títulos de deuda pública por valor de $ 5.859mill.

 Además, el Stock de Títulos Públicos en poder del ANSES a fines del 2008( $46.000mill), supone vencimientos en este año por $5.009mill que el Tesoro tampoco pagará sino que refinanciará en seis operaciones bimestrales y con instrumentos financieros equivalentes a los que vencen ( BODEN 2012, BONAR 2013, PRE8, BOGAR 2018, y BODEN 2015 y BONAR 2014).

 Como si esto fuese poco, el superávit estimado del ANSES para el 2009 por la propia Secretaría de Hacienda ( $18.000 millones), se pretende que se transforme en un 100% en títulos públicos nuevos de manera de allegar esos recursos a las arcas de la Tesorería.

De acuerdo a lo que hasta aquí exponemos surge que la decisión oficial consiste en no pagar nada de la vieja deuda del Tesoro con el ANSES( $ 14.309mill que serán renovados a pérdida para los fondos previsionales) y en incrementarla en otros $ 23.393 millones de los cuales el 76% ( $18.000mill.) están constituídos por recursos contantes y sonantes que ingresarán este año al organismo de la Seguridad Social como consecuencia de la estatización de las AFJP. Así las cosas, el gobierno prevé utilizar $37.701mill. del stock y del flujo de fondos del ANSES para hacer frente a las necesidades de financiamiento del presente año. Dicho de otro modo, la decisión oficial es esterilizar todo el impacto positivo que podría tener la decisión de estatizar las administradoras sobre la Seguridad Social, y desviar estos recursos hacia el pago de deuda pública. Lo expuesto implica que si hasta el momento el total de papeles de deuda del Estado Nacional en manos del ANSES asciende a $ 46.164mill., la política gubernamental aumentaría estos papeles a $ 71.040mill. Un verdadero disparate si se asume que la estatización de las administradoras supone un cambio estructural que debiera modificar la lógica del sistema, y que permite no solo cumplir con el denominado fallo Badaro planteado por la Corte extendiendo la movilidad al conjunto de los beneficiarios, sino que además posibilita la recomposición de los haberes jubilatorios.

Las opciones a tomar podrían ser varias pero lo que nadie puede discutir es que si existe un flujo corriente de nuevo financiamiento para el sistema del orden de los $18.000mill., esto indica que existen recursos suficientes para aumentar en un 27,4% anual la masa total de recursos destinada al pago de haberes. Entre otras variantes, podría tomarse la opción de cumplir con el pago de la movilidad ( cuyo costo total ascendería a $9.700mill.) llevando el haber promedio del sistema de $ 810 a $1.165. Es decir, un aumento del 44%. Y luego aplicar la diferencia para recomponer un 12% adicional para el conjunto. Podríamos agregar que una decisión de esta naturaleza, tomada en un marco recesivo y frente a una situación donde los haberes reflejan un deterioro en su poder adquisitivo y un porcentaje abrumador de jubilados en la mínima ( 76%), tendría un interesante efecto reactivador del mercado interno. Efecto que desaparece cuando el destino de los recursos es la cancelación de los compromisos por deuda pública.

Cabe consignar además, que cuando se discutió la ley de movilidad en el Congreso de la Nación el propio responsable del ANSES, Amado Boudou, aceptó que si se dieran cambios estructurales en el sistema habría que revisar la fórmula de movilidad planteada. Pues bien, esto fue lo que ocurrió luego, se avanzó en un cambio estructural(estatización de las administradoras). No obstante, el gobierno no ha modificado nada y esto no tiene un efecto neutral. En tanto la estrambótica fórmula de movilidad propuesta elige el más bajo de los porcentajes resultantes de dos índices distintos( uno que combina por mitades el incremento de los salarios y la suba de los impuestos que van a la Seguridad Social, y otro que toma la variación total de los ingresos del ANSES por beneficios pagados acrecentados en un 3%), el gobierno, de aquí en mas, ajustará el valor de los haberes en función del aumento de los impuestos ( en declive por la recesión e integrantes del primer índice ) y se guardará el excedente que surge del traspaso de los aportantes de las Administradoras que pasan al Estado ( integrantes del segundo indicador). Pasado en limpio, la fórmula actúa como cepo para los aumentos futuros y permite que el ANSES opere como caja principal del Tesoro.

Más allá de los señalamientos hasta aquí vertidos y fundados en información confidencial surgida de la propia Secretaría de Finanzas, el gobierno ha hecho una serie de anuncios que, según dijo, también serán sostenidos con recursos previsionales. A continuación exponemos un cuadro que los sintetiza. Cuadro Nº.1.

Cuadro Nro 1: Préstamos y recursos asignados en el marco de los paquetes Anti Crisis anunciados por el Gobierno Nacional previos al reciente paquete social. Millones de pesos.
Rubros Millones de pesos
Autos 3.100,0
Taxi 650,0
Consumo 3.500,0
Indust. 1.250,0
Agro 1.700,0
Pymes 3.000,0
Sarmiento 4.074,0
C. Pilar 1.000,0
Centrales 1.500,0
Aysa 890,0
Plan Obra Púb. 10.900,0
TOTAL 31.564,0

Incumpliendo con la ley que estatizó las AFJP y que disponía la creación de organismos de control para el seguimiento de la asignación de los recursos previsionales, el Gobierno se ha dedicado ha utilizar los recursos acumulados en el Fondo de garantía para financiar los paquetes anti crisis orientados a abastecer de crédito al consumo satisfecho y el Mega Plan de Obra Pública. Así se han destinado ya $3.100 millones para la compra de autos 0 km, $650 millones para la compra de taxis 0 km, $3.500 millones en créditos para electrodomésticos (que los jubilados de más de 68 años –el 70% de los jubilados- no pueden acceder por superar la edad máxima que fija el seguro), $3.000 millones en créditos a las pymes, $1.700 millones de crédito para el agro, $1.250 millones en crédito para las empresas industriales. A su vez con los recursos de los jubilados se prevé encarar el Mega Plan de Obras Públicas, de los cuales ya se licitaron $10.900 millones para la construcción de viviendas, $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento, $1.500 millones en la construcción de las centrales térmicas en Buenos Aires y Santa Fe (cuyos beneficiarios son la firma IECSA e ISOLUX), $1.000 millones en la construcción de la central eléctrica de Pilar (Córdoba) y $890 millones en un crédito para que Aysa construya dos plantas potabilizadoras. De este modo se han comprometido $31.564 millones del ANSES, que en un 42% financian el consumo de los sectores más satisfechos de la sociedad y la actividad empresaria privada, en tanto el 24% se destina a grandes obras públicas (algunas de dudosa razonabilidad) y un 34% al Mega Plan de Obra Publica. Obras públicas que, motorizadas por empresas privadas han tenido una larga tradición como instrumentos para la apropiación de recursos (en este caso de los jubilados) por vía de sobreprecios que no son debidamente controlados por las autoridades. A lo expuesto habría que agregar las obras públicas contenidas en el Presupuesto 2009 que tienen previsto financiamiento del ANSES, las mismas ascienden a 13.153 millones ($6.853 millones en obras de energía, $4.600 millones en obras públicas, y $1.700 millones en el sistema de transporte).

De este modo, mientras se le otorgan migajas a los jubilados, el ANSES resolverá con $37.701mill. los compromisos por deuda pública, aportará $31.564 mill. para distintos objetivos de política económica, y se prevén $ 13.153mill adicionales en obras en el presupuesto 2009. En total, un aporte de apenas $ 82.418 mill. Correspondería finalizar este comentario diciendo que en documentos reservados de la Secretaría de Financiamiento, se baraja no solo la necesidad de hacer uso del SIPA para todo lo expuesto. También se pretende que además de que financie todo, se haga cargo de cancelar la vieja deuda del ANSES con el Tesoro equivalente a $ 8.110mill. correspondientes a los Bonos Previsionales del año 1997. Queda una sola pregunta por hacer frente al uso ilegal de los fondos que el Gobierno realiza: ¿Y los Jubilados ?