(Critica de la Argentina 26.04.09). En la audiencia estuvo presente el CEO de la Barrick, Aaron Regent, quien había visitado en febrero al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, con el fin obvio de concertar la cita con la primera mandataria, para acelerar el proyecto minero binacional de Pascua Lama, cuestionado en Chile y la Argentina por el efecto dañino que puede tener para los glaciares y las zonas periglaciales de la Cordillera de los Andes, que constituyen la principal reserva de agua potable de ambos países.

La idea es que en mayo se realice un encuentro chileno-argentino con la presencia de Cristina y Michelle Bachelet y que en septiembre comiencen las operaciones de esta gigantesca mina de oro a cielo abierto: el proyecto más grande de Barrick en América del Sur, que supondrá una inversión de unos tres mil millones de dólares.

En el encuentro de marras estuvieron presentes los máximos promotores del veto a la ley de glaciares: el gobernador Gioja y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Ambos vinculados estrechamente con la industria minera.

La cita con la Presidenta desnuda el vínculo estrecho con la segunda minera del mundo y revela que las objeciones presentadas por el Ejecutivo, fundamentando el veto, eran absolutamente retóricas. En el decreto de veto se proponía realizar un foro con la participación de “gobernadores y legisladores de las provincias cordilleranas”, a fin de lograr una ley con mayor consenso y mayor respeto por las autonomías provinciales. Un argumento curioso si se recuerda que la ley en cuestión fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. En rigor, se hizo una sola reunión a fines del año pasado y otra a principios de éste, pero no surgió de estos encuentros ningún proyecto de ley.

Tampoco el senador Daniel Filmus, que presidía hasta hace pocos días la Comisión Ambiental del Senado, logró el consenso prometido para redactar una ley mejor.

Las discusiones, sin embargo, existen. El 30 de marzo pasado, en mi carácter de presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, convoqué –conjuntamente con el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino– a una audiencia pública en la que expusieron personalidades del mundo científico y representantes de distintas organizaciones ambientales y vecinales. Habló, entre otros, el ganador del Premio Nobel y copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en Naciones Unidas, Osvaldo Canziani, quien defendió la ley vetada, que nació de una iniciativa de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Un proyecto idéntico, de mi autoría, se encuentra actualmente en trámite. Tiene como contrapartida otro del diputado Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador y del senador y empresario minero César Ambrosio Gioja. El Gioja diputado pretende eliminar de la protección a las áreas periglaciales, de importancia estratégica en lo que hace a los recursos hídricos.

Fuera del Congreso cobran intensidad los debates entre quienes consideran que el agua es más importante que el oro y los que subordinan la política a sus intereses particulares. En San Juan, donde el poder político está absolutamente subordinado a la gran minería trasnacional, se produjo en estos días el Foro de Protección de los Glaciares y el Ecosistema Andino, que convocó la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Paralelamente, el gobierno sanjuanino y los empresarios mineros realizaron su propio forito, con el objetivo de minimizar el impacto del encuentro organizado por los defensores del medio ambiente.

En este ámbito, se escucharon razonamientos muy sugestivos, como el de Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, quien llegó a decir textualmente: “Todos los Andes son periglaciales y ahí es donde se complica todo. Así como está el proyecto toda actividad queda restringida a mirar la Cordillera y que no la podamos tocar. Si sale esta ley como está, hay que olvidarse de la minería”.

En la audiencia pública, realizada en el Congreso, se insistió hasta el hartazgo en que la ley vetada no era una ley antiminera sino una ley que protege los glaciares. Si los emprendimientos mineros no destruyen ni contaminan lo que constituye nuestra mayor fuente de agua potable, son ajenos al espíritu de la norma. Si en San Juan no hay glaciares, ¿por qué se preocupan entonces? Y si los hay, ¿habría que consentir su depredación en beneficio de una gran trasnacional?

La visita del señor Munk permite aclarar el tema. Empezando por el currículum del visitante y por su pretensión, esbozada en la reunión, de obtener una nueva ventaja impositiva que vendría a sumarse a los privilegios ya concedidos por las leyes que pergeñó el gobernador Gioja cuando era diputado menemista en los años 90.

Según el periodista Greg Palast, del diario británico The Guardian, Munk fundó la Barrick con dinero del traficante de armas Adnan Kassoghi y fue el fiador de ese delincuente internacional cuando lo llevaron preso en Estados Unidos por un caso de fraude relacionado con el régimen del ex dictador filipino Ferdinand Marcos.

Palast, a quien la Barrick Gold intentó querellar sin éxito, demostró que la trasnacional no sólo había producido estragos ambientales en diversos lugares de la Tierra, sino que además había sido responsable –junto a la policía de Tanzania– del asesinato de cincuenta mineros. No es de extrañar, en una empresa que contó en su directorio con la presencia de “influyentes” como el ex director de la CIA y ex presidente norteamericano George Bush senior y con el hombre más rico de Chile, Andrónico Luksic, pinochetista acérrimo y líder del grupo monopólico conocido como “los cocodrilos”.

Desgraciadamente, todo lo que hemos venido denunciando en estas columnas ha resultado absolutamente cierto y comprobable. Esperemos que no se compruebe lo que ahora decimos: que Gioja, la presidenta y la Barrick Gold harán lo posible para que no haya ley de glaciares, antes que la dinamita trasnacional comience a pulverizar los Andes sanjuaninos.