En la Argentina a partir de los ’90 la política que se implementó, con respecto a la energía, fue entregar a corporaciones oligopólicas multinacionales, con la complicidad de ciertas organizaciones sindicales, los recursos energéticos naturales como el petróleo y el gas. En cuanto a la generación eléctrica, un alto porcentaje de la misma también fue sometida al mismo régimen privatizador.

En la actualidad estas políticas se siguen manteniendo pese a que el discurso inicial que dio el gobierno fue el de recuperar los bienes energéticos a manos del Estado como recurso estratégico del mismo. Sin embargo la llamada “argentinización” que se está llevando a cabo consiste en ceder estos recursos a grupos económicos vinculados al poder.
En el ámbito nacional la privatización fracasó. Esto está demostrado claramente por las consecuencias producidas por estas políticas privatizadoras que generaron condiciones de precarización laboral, distribución no equitativa del crecimiento del producto bruto interno e incremento de la pobreza. Este mismo fracaso se ve reflejado actualmente en los países del mundo desarrollado.

Sostenemos que los sistemas energéticos deben ser operados, administrados y regulados por el Estado Nacional a través de una institución autárquica y con amplia participación popular (universidades, usuarios, trabajadores, parlamento, consumidores, etc) para garantizar el crecimiento y coadyuvar a una mejor distribución de la riqueza que permita además un desarrollo sustentable para las generaciones actuales y futuras. Debemos rescatar la capacidad de desarrollo que supimos tener.

Toda actividad vinculada con la generación energética debe llevarse a cabo con los máximos estándares de seguridad compatibles con la protección del trabajador, el público y el medio ambiente. Por otra parte, sostenemos que los recursos acuíferos deben ser considerados como un bien estratégico y por ello preservados.

La energía es un bien estratégico, es sinónimo de soberanía y por lo tanto debe ser siempre política de Estado, independientemente de los gobiernos que se sucedan. Un país es soberano cuando puede manejar sus propios recursos energéticos y es una forma de garantizar equidad social.
Respecto de los recursos naturales energéticos sabemos que Argentina es un país con petróleo, gas, uranio y carbón. No es un país uranífero, petrolífero, gasífero y carbonífero. Esto implica que no cuenta con recursos energéticos ilimitados. En consecuencia, debemos ser contundentes en reconocerlos como propios y recuperarlos para beneficio de nuestro pueblo. Esto requiere decisión, planificación y ejecución, que tengan como meta un modelo de país soberano.

La falta de planes estratégicos y programas lleva a implementar esquemas de emergencia que empeoran la calidad del servicio y tienen un impacto negativo en la economía, el desarrollo de la tecnología, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de nuestra sociedad.

La demanda eléctrica crece, en promedio, a razón del 5% por año. Esto nos permite aseverar que en los próximos 20 años se deberá contar con más del doble de la potencia actual. Esto implica que es necesario concretar de manera urgente la instalación de un parque generador de 2.000 Mw(e) por año.

La matriz energética debe estar orientada a satisfacer las necesidades reales del pueblo y no de los intereses del mercado. La actual matriz energética es vulnerable y de dudosa sustentabilidad, debido a que el mayor porcentaje de ella está concentrado en los hidrocarburos. Una matriz es menos endeble a medida que cuenta con más diversidad de fuentes de generación, en un porcentaje adecuado a sus existencias presentes y futuras. Debemos tender a tener una matriz energética razonablemente balanceada en cuanto a la diversidad y porcentaje de las fuentes de generación, que abarque los hidrocarburos, la hidráulica, carbón, nuclear y otras fuentes complementarias de generación.

La FeTERA sostuvo, sostiene y sostendrá que la energía es un derecho humano, un bien social y que asegurar su abastecimiento es un problema de todos.

Toda actividad vinculada con la generación energética debe llevarse a cabo con los máximos estándares de seguridad compatibles con la protección del trabajador, el público y el medio ambiente