La Asociación de Personal Jerárquico de la
Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS) fija su posición
respecto a las diferentes situaciones de irregularidad que se verifican en
el ámbito de la distribución de gas natural por redes en el territorio
metropolitano.

En primer lugar, la situación generada en Metrogas
habla a las claras de que la política diseñada en la década del noventa
fracasó, no solo por la falta de gas sino porque se carece de controles
preventivos por parte del estado y se permite un margen de discrecionalidad
empresaria inusualmente alto. Estamos hablando del caso de la única
distribuidora de gas natural con existencia de fluido suficiente para
abastecer a sus usuarios y a otras distribuidoras en situaciones de
emergencia, cuyo accionista mayoritario es el productor de gas más importante
de la Argentina: Repsol-YPF.

Sin embargo se produjeron cortes a los usuarios
industriales con "contratos firmes con ventana interrumpible" en un día de
temperaturas medias que, a nuestro juicio, fueron consensuadas en el Comité de
crisis que existe para estos casos y que inexplicablemente aparecen ante la
opinión pública como "intempestivas".

En este contexto, queremos denunciar el accionar de
Gas Natural Ban (distribuidora de gas natural en el norte y oeste del Gran
Buenos Aires) que tiende a complicar sospechosamente la eficacia del servicio
en momentos tan críticos.

En primer lugar, Gas Natural Ban intenta trasladar en
estos días todo el procesamiento del sistema comercial a España, modificando
unilateralmente la confidencialidad de los datos de los usuarios de su zona de
actuación, atrasando el tiempo de respuesta del servicio de atención de
urgencias y afectando la contratación de servicios, de los reclamos, la
lectura de medidores, los cobros y la previsión de la demanda.

Dejamos constancia que el 2 de julio de 2007
denunciamos estas transgresiones al Enargas, la Secretaría de Energía y la
Cámara de Diputados para que arbitren las medidas necesarias a efectos de
impedir que se ejecuten los actos descriptos.

Simultáneamente, hemos verificado la desatención de la
lectura y facturación de un sector de usuarios de Olivos y San Isidro, a
quienes incluso se les corta el servicio sin haber recibido la facturación, ni
los avisos previos. Además, se está obligando a otro grupo de usuarios a tomar
la lectura de su propio medidor y a llamar telefónicamente a Gas Natural Ban
para aportar los datos del mismo, ya que las contratistas no realizan el
trabajo en forma adecuada, ni son controladas por la prestataria.

Por último, se intenta aplicar una reestructuración
del área comercial tercerizando por completo los trabajos de inspección (tanto
en el aspecto técnico como administrativo), y sin prever ningún mecanismo de
control por parte de técnicos capacitados de la distribuidora, con lo cual la
posibilidad de inspeccionar este tipo de tareas será nula y el perjuicio para
los usuarios será definitivo.

Alertamos que estas situaciones terminan impactando en
la vida de todos los usuarios, vía prestación del servicio cada vez más
insegura e ineficaz, o vía mayores costos injustificados que, más temprano que
tarde, terminamos pagando los usuarios con aumentos de tarifa o subsidios y
que, en el plano de los trabajadores/as, significan más despidos y
tercerizaciones.

Sostenemos que los órganos gubernamentales y
legislativos deben accionar para impedir este accionar que ya está complicando
la prestación del servicio y que lo complicará aún más al debilitar los
controles operativos y legales y limitar la capacidad soberana de privilegiar
el servicio público por sobre las políticas empresariales dirigidas a la
multiplicación de utilidades y nuevos negocios que solo fortalecen la
presencia de estos grupos económicos en el mundo.

Rubén José Ruiz

Secretario General APJ GAS