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El caso Acindar

[5/05/2006]

La empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en el año 1942 en la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de restricciones para la importación, por la Segunda Guerra Mundial. La firma se constituyó a partir de la asociación de dos empresas constructoras: la empresa Acevedo y Shaw y la Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, y la mayor figura de su fundación fue el Ingeniero Arturo Acevedo. En 1951 Acindar realizó su primera ampliación,
instalando en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, la denominada
“planta 2”, establecimiento al que nos referiremos en este apartado.

Para comprender la relación entre la empresa Acindar y las fuerzas
armadas resulta necesario detenerse brevemente en la historia gremial
de Villa Constitución en esos años, en especial en el sindicato de trabajadores
metalúrgicos (que agrupaba a los trabajadores de Acindar, Metcon, Marathon, Villber, entre otras plantas metalúrgicas que constituían
el núcleo central de la actividad económica en la localidad). En el
mes de Noviembre de 1974 se llevaron a cabo las elecciones de la
UOM Villa Constitución, en las que la Lista Marrón, que representaba a
la tendencia combativa que había ido organizándose desde comienzos
de los años ’70 y estaba encabezada por Alberto Piccinini, triunfó con
más del 65% de los votos. La nueva conducción duró apenas tres meses
en el sindicato.

En la madrugada del 20 de Marzo de 1975, Villa Constitución, junto
con varias otras localidades del cordón industrial a lo largo del Río Paraná,
fue ocupada militarmente (en un operativo conjunto de las policías provincial
y federal y de la prefectura naval) por una decisión del gobierno
nacional, ante una supuesta “conspiración” contra el gobierno, orquestada
a lo largo del cordón industrial y con sede principal en Villa. Una columna
de un kilómetro y medio de automóviles y camiones, compuestos por
policías provinciales, federales, matones de la derecha sindical peronista
y asesinos ligados a la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), como
Aníbal Gordon, entre otros, invadieron la ciudad. Líderes y militantes sindicales
fueron arrestados en sus casas, en las rutas o lugares de trabajo,
desde allí trasladados a Rosario y finalmente confinados a la prisión de
Coronda. Se produjeron alrededor de 300 arrestos, que incluían a toda la
comisión Directiva de la UOM (con la excepción de Luis Segovia, que
logró escaparse) y a los activistas de la CGT regional. [1]

A pesar de la profundidad del golpe represivo, se produce al día siguiente
la respuesta obrera: una huelga de “brazos caídos” dentro de las
plantas, incluida Acindar. El Comité de Lucha, conformado por nuevos
dirigentes en reemplazo de los ya detenidos, mantuvo la medida de fuerza
durante 61 días, con el apoyo no sólo de los trabajadores, sino también
de sus familias y de los “comités barriales,” hasta el 17 de Mayo de
1975, cuando una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente
el levantamiento de la huelga. El lunes 19 los trabajadores metalúrgicos
volvieron a las fábricas y comenzaron los despidos, que alcanzaron a
más de 400 activistas. La represión no se detuvo allí, sino que por el
contrario continuó durante 1975 y 1976, intensificándose aún más luego
del golpe militar. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a
las diferentes cárceles del país, torturados y castigados de todas las formas
posibles. Algunos de ellos, una vez liberados, se dirigieron al exterior,
mientras que otros soportaron el exilio interno y perdieron sus trabajos
debido a las listas negras que circulaban de empresa a empresa. Y
sin embargo corrieron mejor suerte que los trabajadores secuestrados a
partir de 1976, que nunca más aparecieron.

La participación de la empresa en este proceso adquirió varias formas.
Testimonios brindados ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín
en los inicios de su gobierno) indican que ya desde la escalada represiva
desatada a partir de la “ocupación militar” de 1975 existían vínculos estrechos
entre las fuerzas policiales y la empresa. [2] Uno de los testigos
señala que los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron
a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en Abril de 1975
habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada
por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los
trabajadores de Acindar en contra de estos asesinatos y otras
intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a “marcar”
y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado
(y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el
helipuerto de Acindar.

Luego de estos sucesos, los efectivos policiales y parapoliciales instalaron
un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro
del predio de Acindar, en el que funcionaban entre varias decenas de
efectivos, algunos de los cuales, como el oficial principal Mujica, recorrían
la ciudad en automóviles sin patentes acompañados por efectivos
de civil. Colaboraban con ellos supuestos obreros de la fábrica Acindar,
en realidad informantes de las fuerzas policiales, entre los que se destacaba
uno, Raúl Antonio Ranure. [3] Este cuartel era utilizado como centro
de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal. Los efectivos
destacados dentro de Acindar no debían preocuparse por los gastos,
ya que la empresa los proveía con todo lo que les fuera necesario.

Otros testigos acreditan que el automóvil en que se desplazaba
el supuesto operario de Acindar, Ranure, era guardado
en un galpón y custodiado por efectivos de civil que provenían
del cuartel en Acindar. Indican asimismo que tanto
Ranure como Mujica habían participado en numerosos
operativos en la ruta que une San Nicolás con Villa Constitución,
y que varios de estos detenidos fueron conducidos,
encapuchados, hasta el cuartel ubicado en el predio de
Acindar. [4] Estos efectivos, junto con la oficialidad de la Policía
Federal, planificaban las operaciones contra los trabajadores
metalúrgicos dirigentes de la Lista Marrón, y los automóviles
que utilizaban fueron identificados como participantes en los
operativos en los que asesinaron a la abogada De Grandis, y
a los obreros de Acindar Carlos Ruesca y Julio Palacios.

La existencia de un destacamento en el interior del predio de la fábrica
fue confirmada no sólo por testimonios de vecinos y víctimas,
sino también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión.
Carlos Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984,
declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
constituida en Villa Constitución: «En el año 1977 ingresé a la
Jefatura de la policía de Villa Constitución con el cargo de comisario
inspector a cargo de la División Informaciones; [5] en ese momento el
grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar,
cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa
Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo, había
una fuerza de tareas conformada por unos cuarenta hombres, que
venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas,
estaban un mes y los renovaban por otro contingente. Estaban
dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía
una sección para cuidar Rosario. En la práctica ellos dirigen los procedimientos,
como detenciones o custodia de un lugar, y pedían nuestra
colaboración...»

Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía
Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos,
en 1983 que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas
allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero
Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las
fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”, aclarando
que “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa,
un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya
del Estado esos efectivos.” Agregó que “Acindar se convirtió en una
especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales
policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas
reservadas para los ejecutivos de la empresa...». [6]

Pero quizás la demostración más cabal de la mancomunión de los
intereses de la empresa y de la dictadura esté centrada en la figura de
José Alfredo Martínez de Hoz, quien pasó de ser presidente de Acindar
hasta 1976, a ocupar el cargo de Ministro de Economía de la Nación a
partir del golpe militar, posición desde la que se encargó de otorgar
innumerables beneficios a su empresa, que a lo largo de la dictadura
se benefició de los regímenes de promoción industrial (a expensas de
la empresa estatal SOMISA), de la transferencia de su deuda privada
al estado, y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron
su expansión como grupo económico.

[1Ver, entre otros
libros y publicaciones.
Victorio
Paulón, Angel
Porcu, Bernardo
Gallitelli, María
Cecilia Cangiano,
Ernesto Rodríguez
y Oscar Videla
(comp.) El Villazo.
La experiencia de
una ciudad y su
movimiento obrero.
Villa Constitución,
1999.

[2De aquí en adelante, a
menos de que se indique lo
contrario, se aludirá a
testimonios recogidos por
la CONADEP en su legajo
No. 1770, parcialmente
reproducidos en Eduardo
Basualdo, Miguel Angel
Fuks, Claudio Lozano, El
conflicto de Villa Constitución.
Ajuste y flexibilidad
sobre los trabajadores. El
caso Acindar. Buenos Aires:
IDEP-CTA, 1991.

[3Uno de los testimoniantes
frente a la CONADEP
relató haber visto, por un
descuido del implicado, una
credencial con la fotografía
de Ranure que lo identificaba
como servicio de
inteligencia de la Policía
Federal, mientras que otro
de los sobrevivientes,
refiriéndose a otro “supuesto
obrero”, en realidad
infiltrado, dijo haber
reconocido entre quienes lo
identificaron a un fotógrafo
que era compañero de
trabajo en la fábrica.

[4El repartidor de sodas
Pedro Alfaro, declaró el 7
de febrero de 1984, ante la
Comisión de Derechos
Humanos de Villa Constitución
que el agente de la
policía montada Juan
Carlos Miranda le confesó
que a varios detenidos los
llevaban hasta dentro de
Acindar y que Raúl Ranure,
uno de los principales
represores de la ciudad,
«era Halcón, que participaba
de los operativos
nocturnos que se hacían en
Villa Constitución, tripulando
un Ford Falcon rural,
celeste metalizado sin
patente, que le había
otorgado Acindar para que
se movilizase junto con la
oficialidad de la Policía
Federal». Citado en Carlos
del Frade, Matar para
robar, luchar para vivir.
Historia política de la
impunidad. Santa Fe 1976/
2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)

[5Existen informaciones
encontradas respecto a
la fecha del arribo de
Rampoldi a Villa
Constitución. De
acuerdo a Pedro Alfaro,
en 1975 el comisario
Rampoldi ya era
integrante del Servicio
de Informaciones de la
Jefatura villense y
«esencialmente ha
prestado y presta su
servicio a Acindar. Me
consta que tiene el
organigrama completo
de la planta, ha sido
invitado a almorzar en
reiteradas oportunidades
por el directorio de
la empresa, decide y
orienta a los directivos
sobre quién puede o no
entrar a la empresa».
Carlos del Frade, Matar
para robar, luchar para
vivir. Historia política de
la impunidad. Santa Fe
1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)

[6Ver Carlos del Frade,
El Rosario de Galtieri y
Feced (http://www.nuncamas.org/investig/).

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