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El caso Ford Motors Argentina
[5/05/2006]
Ford Motors instaló sus primeras filiales en Argentina en las primeras décadas del siglo, primero en Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1961. La investigación sobre la actuación de la empresa durante la última dictadura dio lugar a una causa penal y a una causa civil contra personal directivo de la empresa, impulsada por algunos de los obreros sobrevivientes, especialmente Pedro Norberto Troiani. [1] Entre
marzo y mayo de 1976, hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían
a la comisión interna, que se encontraba conformada por 200
delegados, en una planta con alrededor de 5.000 obreros. Los 25 trabajadores
estuvieron técnicamente desaparecidos de 30 a 60 días. La mitad
de ellos fue secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de
Tigre, dispuesta como centro clandestino, mientras que la otra mitad fue
detenida directamente en la planta de General Pacheco.
La relación entre la empresa y las fuerzas militares se puso de manifiesto
de diversas maneras en el caso de Ford. Por un lado, trabajadores
secuestrados testimonian que sus detenciones se efectuaron
en camionetas F100 que eran proporcionadas a las fuerzas represivas
por la empresa. Por otro lado, existen numerosos testimonios
que indican que, lejos de limitarse a apoyar a las fuerzas
represivas, la empresa reclamó el secuestro de trabajadores
y delegados gremiales a las fuerzas armadas. Una de las
esposas de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo, indicó
en su declaración judicial que en su entrevista con un militar
responsable de los secuestros, de apellido Molinari, éste “sacó
de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de
Ford, manifestándome: “Acá están todos los nombres que nos
dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”.” [2] Diversos testimonios indican que el “marcado” por parte de la
empresa de quiénes debían ser secuestrados no sólo se realizó mediante
la lista mencionada, sino también a partir de los carnets con las
fotos personales de los trabajadores, que fueron entregados a los militares
con el objeto de que los utilizaran para la correcta identificación de
sus detenidos.
Testimonios adicionales, como el de Jorge Ernesto Berguier, quien se
encontraba realizando su servicio militar en aquellos años de la dictadura,
permiten apreciar el intercambio de favores entre la empresa y las
fuerzas militares: “Esos operativos (de control
en ruta) duraban todo el día, y almorzábamos
en la Ford de Pacheco (...). Antes de salir, el
oficial a cargo hacía una especie de arenga y
nos decía “vamos a detener subversivos, vamos
a almorzar a Ford, ésta es la colaboración
de la empresa con las fuerzas armadas,
hay que agradecerle.” Había una
mancomunión entre el gobierno de las fuerzas
armadas y la empresa... Comíamos en el
comedor de la fábrica, y no era secreto que
los oficiales se saludaban con los que servían
la comida, y con los militares que estaban en
la puerta, de seguridad. Esto era habitual, era
un saludo fraternal (...)”.
La presencia permanente de las fuerzas armadas
en el predio de la empresa fue confirmada en términos muy similares
por testimonios de trabajadores, como Daniel Hagelin, quien fue
obrero de Ford durante la dictadura: “Había una gran presencia militar
adentro del predio, de hecho el área de deportes, donde estaban las canchas
de fútbol, tenis, quinchos y vestuarios de los obreros, era el cuartel
de los militares; los trabajadores tenían vedado el acceso a ese sector.
Pero además de eso nuestros comedores de planta tenían un horario
para que fueran a comer los militares destacados en el lugar, incluso
había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica, como si fuera una
unidad más. No puedo decir que había un regimiento, pero había más de
cien personas afectadas, por lo menos una compañía militar había en la
fábrica, y no fabricando autos precisamente... No cumplían tareas de
seguridad de las instalaciones, de eso se ocupaba la propia empresa,
sino que tenía la tarea específica de represión. Los militares actuaban a
pedido de la gerencia, que tenía su voz cantante en un tal Galarraga,
gerente de Relaciones Institucionales. No podemos decir que los militares mandaban a los trabajadores, sino que estaban para algún caso de
reclamo salarial o reclamo gremial que se llevara adelante. La dirección
de la empresa era pro militar. Fue famosa la situación que vivió la comisión
interna que sufrió el golpe, que meses antes de la caída del gobierno
de Isabel tuvo una discusión con Galarraga, quien les dijo textualmente:
«Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a
Camps». Nadie sabía quien era el tal Camps, quien luego del golpe aparece
como jefe de la policía de la provincia de
Buenos Aires, y llegó a desaparecer a dos
miembros de esa comisión directiva.” [3]
Pero la participación de la empresa en el
proceso represivo no se restringió a proveer
apoyo logístico ni a demandar la detención de
algunos de sus propios trabajadores, sino que,
al igual que en Acindar, alcanzó su máximo
nivel en el caso de Ford: está probado que las
fuerzas militares instalaron en el campo de
deportes de la planta de Pacheco una dependencia
militar adonde funcionó un centro clandestino
de detención. En el mismo fueron recluidos
algunos de los delegados gremiales
secuestrados dentro de la fábrica por ciertos
períodos de tiempo. Es el caso del obrero Juan
Carlos Conti, delegado del personal del sindicato
de Mecánicos (SMATA) que trabajaba en
Ford desde 1965, quien fue secuestrado en el
interior de la fábrica el 14 de Abril de 1976.
Fue conducido en una camioneta de la empresa
hasta un quincho, en el propio predio de la fábrica, con sus manos
atadas con alambres. Luego de su secuestro, la empresa intimó a Conti
por “abandono de tareas”, y cuando su esposa responde relatando lo
sucedido (de lo cual la empresa por supuesto estaba al tanto), procedió a
despedirlo de todas formas. [4]
Por otra parte, personal de la empresa tuvo intervención personal en
los interrogatorios de los delegados secuestrados, para extraer información
vinculada a la actividad sindical dentro de la fábrica. Es el caso del
detenido Francisco Guillermo Perrotta que no era obrero sino uno de los
2.500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los
’70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de
Análisis de Costo, Material e Inventario, Perrotta tenía acceso a información
clave sobre las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro dele-
14
gado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana
eléctrica. Perrotta identificó por su voz (dado que se encontraba encapuchado)
al Jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Francisco Sibilla, como
una de las personas presentes durante su interrogatorio, durante el cual
le mencionaron datos y nombres internos de la Ford que sólo personal de
la firma muy bien informado podía conocer. Sibilla era miembro de las
Fuerzas Armadas y fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los
secuestros de obreros, al rango de teniente coronel, al parecer como
premio por el disciplinamiento obtenido en la Ford. Significativamente
Sibilla fue contratado, luego de su paso por la empresa, por la Embajada
de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática,
en un cargo que ocupó hasta 2004. [5]
[1] Los directivos
acusados son: Nicolás
Enrique Courard,
presidente y representante
legal de la
compañía Ford Motor
Argentina SA; Pedro
Muller, gerente de
manufactura;
Guillermo Galárraga, a
cargo de la gerencia
de Relaciones
Industriales, y Héctor
Francisco Sibilla, el
militar retirado del
Ejército contratado
tiempo después por la
Embajada de Estados
Unidos, jefe de
Seguridad en la Planta
de Pacheco y ascendido
el 26 de julio de
1978, luego de los
secuestros de obreros,
al rango de teniente
coronel.
[2] Solicitud de
declaraciones
indagatorias en la
causa Molinari,
Antonio, Personal Ford
s/privación ilegal de la
libertad, iniciada por el
querellante Pedro
Norberto Troiani, con
el patrocinio letrado del
Dr. Tomás Ojea
Quintana. La declaración
de Arcelia Luján
Portillo consta a fs. 44
de la causa. Se
incluyen numerosos
testimonios adicionales
en este sentido, como
el de Elisa Josefa
Charlin, esposa de otro
secuestrado, quien se
entrevistó con Molinari
“quien poseía una lista
con aproximadamente
veinte o treinta
nombres escrita a
máquina. Recuerdo
que dicho papel tenía
el logotipo de Ford...”.
Molinari le aclaró en
dicha ocasión: “Esta es
la lista que me
entregaron, apoyando
la mano sobre la lista
más arriba referida”.
Fs. 465/466.
[4] Ver denuncia de
la CTA ante el Juez
Baltasar Garzón, p.
14.
[5] Ver Alejandra
Dandan, “Ford
Falcon modelo ’76”,
Página 12, 26 de
Febrero de 2006.
Una de las líneas
de investigación
abierta por los
trabajadores y sus
representantes
legales es la
relación entre la
filial argentina y la
casa matriz, con la
intención de
determinar el grado
de conocimiento y
participación de la
segunda en el
proceso represivo.
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