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El caso Mercedes Benz
[5/05/2006]
La empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La planta de Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en González Catán, Provincia de Buenos Aires, en 1951. La participación de la empresa en la represión a sus trabajadores durante la última dictadura militar ha sido investigada por la periodista Gaby Weber, y sus hallazgos fueron detallados en dos libros y un documental. [1]
El análisis de la historia de la empresa sitúa sus acciones durante
la dictadura en perspectiva: a la luz de su relación con el nazismo
a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación
le reportó en la expansión de su producción y sus ganancias, de
la utilización mano de obra compuesta por polacos y judíos reducidos
a relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, y del
empleo ofrecido por Mercedes Benz Argentina a Adolf Eichmann,
criminal de guerra y encargado de la logística del transporte masivo
de judíos hacia los campos de exterminio, hasta su secuestro
por agentes de inteligencia que lo trasladaron a Israel, adonde fue
juzgado en 1961 y ejecutado en 1962, la política represiva de Mercedes
Benz no parece sino presentar una línea de continuidad bastante
predecible.
De modo similar a los trabajadores de otras plantas, los obreros de
Mercedes Benz se movilizaron en octubre de 1975 en rechazo a los
representantes designados por el sindicato de trabajadores del gremio
mecánico y automotor a nivel nacional, SMATA, debido a que lejos de
representar los intereses de los trabajadores, no hacían más que negociar
con los directivos de la empresa. Los cuatro mil trabajadores de la
planta, reunidos en asamblea, eligieron una nueva comisión interna, compuesta
por nueve representantes, que a partir de ese momento sería
conocida como “el grupo de los nueve”. SMATA negó la validez de la
elección y de la comisión interna y la empresa despidió a 115 obreros
(entre los cuales se contaban los 17 que luego serían secuestrados durante
la dictadura) con aval del gremio automotor y su secretario general
José Rodríguez. El 24 de Octubre de 1975, en el transcurso de la huelga,
se produjo el secuestro del Jefe de Producción de la planta, Heinrich
Metz, por parte de Montoneros, con la demanda de la reincorporación de
los cesantes. La empresa finalmente cedió y declaró la reincorporación
de todos los despedidos, después de lo cual Montoneros exigió el pago
de un rescate, que de acuerdo con la casa matriz de la empresa en Alemania
fue de siete millones de dólares, mientras que la gerencia local
sostiene que fue de cuatro y los encargados de finanzas de Montoneros
de dos millones. La investigación sobre el misterio del monto efectivamente
pagado por el rescate dejó al descubierto las prácticas fraudulentas
de la empresa, que aprovechó el secuestro para consignar una cifra
muy superior a la real en su declaración de impuestos en Alemania, lo
que le permitió obtener un importante margen de ganancia.
La situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre
fines de 1975 y comienzos de 1976. Weber demuestra de manera contundente
las relaciones entre el gobierno, en particular el entonces Ministro
de Trabajo Carlos Ruckauf, quien el 6 de octubre de 1975 promovió y
firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros industriales,
asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla industrial,
la dirigencia sindical burocrática y las cúpulas empresariales. [2] En el caso
de SMATA, la aceptación de la política de eliminación de la “guerrilla industrial”
impuesta por el gobierno se plasmó en la firma de un convenio
con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz
el 21 de julio de 1975, estableciendo que el 1% del precio de venta de
cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para
la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería
administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio
de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores
se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego
del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y
activistas en la planta.
De los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron
secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer.
El trabajo de Weber, que implicó años de investigación minuciosa, partió
de los testimonios de los dos obreros secuestrados que sobrevivieron,
Juan Martín (detenido en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz,
encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente
liberado diecinueve días después) y
Héctor Aníbal Ratto (detenido en agosto
de 1977 también en la fábrica por un grupo
armado perteneciente al Ejército Argentino,
permaneció en cautiverio clandestino
y bajo tortura en la Comisaría de
Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando
la libertad en marzo de 1979),
quienes aunque se consideran afortunados
por haber sobrevivido, sufrieron las
secuelas físicas y psíquicas de ese cautiverio
durante el resto de su vida. Un tercer
sobreviviente es Alfredo Martín, un
supervisor de la planta que fue detenido
en diciembre de 1976, torturado por
Rubén Lavallén en la comisaría de San
Justo y liberado horas después.
La participación de la empresa en la represión se encuentra documentada
en varios testimonios. El obrero Héctor Ratto estuvo presente
cuando el jefe de producción de la fábrica, Juan Tasselkraut,
transmitió a las fuerzas de seguridad la dirección del obrero Diego
Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y permanece desaparecido
hasta la fecha. Varios trabajadores fueron apresados en su
lugar de trabajo, sin ningún tipo de protesta por parte del personal
gerencial de la fábrica, que por el contrario colaboró con los grupos
represivos. El mismo Juan Tasselkraut dio cuenta de los efectos que
la represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando
en el contexto de los Juicios por la Verdad en los tribunales de La
Plata, se le preguntó si consideraba que existía alguna relación entre
la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad
y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue: “Y...
Milagros no hay”.
El caso de Rubén Luis Lavallén ilustra la profundidad de la relación
de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante
los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de
Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención.
Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes
Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su
esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios,
Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado
de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Ya en
democracia, Lavallén fue condenado, en 1998, a cuatro años de prisión
por falsificación del acta de nacimiento de la menor Paula Logares,
hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Montevideo y detenidos
en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el marco del
Plan Cóndor. A la pareja jamás se la volvió a ver con vida y la menor
fue apropiada por Lavallén y registrada como hija suya. [3]
Para comprender cabalmente la estrecha relación entre el personal
directivo y la cúpula militar, cabe destacar que Mercedes Benz,
que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y
era uno de los principales complejos industriales del país, tenía como
principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los
camiones Unimog. De acuerdo a información proporcionada por personal
gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus
atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en
Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes
en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para
llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.
[1] Su primer libro fue
publicado en Alemania
(“Los desaparecidos
de Mercedes Benz”), y
el segundo no trata
específicamente del
caso de Mercedes
Benz, aunque
contiene algunos
capítulos que a él se
refieren (ver Gaby
Weber, La conexión
alemana. El lavado del
dinero nazi en la
Argentina Buenos
Aires: Edhasa,2005).
El documental se
titula “Milagros no hay.
Los desaparecidos de
Mercedes Benz” color,
113 min., 2003, y
existe una versión
actualizada: 85
minutos, 2005. Para
más datos y análisis
del documental, ver
Victoria Basualdo,
“Cine documental e
historia reciente:
apuntes sobre la
complicidad patronalmilitar”
en Revista
Lucha Armada No. 4,
Septiembre a
Noviembre de 2005.
[2] Ese decreto que fue
firmado por Italo Argentino
Luder (Presidente Provisorio
del Senado de la Nación en
ejercicio del Poder Ejecutivo)
acompañado por sus
ministros (Manuel Arauz
Castex, Tomás Vottero,
Carlos Ruckauf, Carlos A.
Emery, Antonio Cafiero y
Angel Federico Robledo)
establecía que: “Visto la
necesidad de enfrentar la
actividad de elementos
subversivos que con sus
acciones vienen alterando la
paz y la tranquilidad del
país, cuya salvaguardia es
responsabilidad del
Gobierno y de todos los
sectores de la Nación y
considerando lo propuestos
por los Señores Ministros. El
Presidente Provisorio del
Senado de la Nación en
ejercicio del poder ejecutivo
en Acuerdo General de
Ministros decreta: Art 1º:
«Constitúyese el Consejo de
Seguridad Interior, [lo
conformarán] el Presidente
de la Nación,... los Ministros
del P.E.N. y los Comandantes
Generales de la Fuerza
Armadas....»Art. 2º:
«Compete al Consejo de
Seguridad interior: a) La
dirección de los esfuerzos
nacionales para la lucha
contra la subversión. b) La
ejecución de toda tarea que
en orden a ello el Presidente
de la Nación le imponga».
Art. 3º: El Consejo de
Defensa, presidido por el
Ministro de Defensa e
integrado por los Comandantes
Generales de las
Fuerzas Armadas... tendrán
las siguientes atribuciones:
Items a) a c) asesorar,
proponer y coordinar
medidas para la lucha
contra la subversión, d)
conducir la lucha contra
todos los aspectos y
acciones de la subversión,
e) planear y conducir el
empleo de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de
Seguridad y Fuerza
Policiales para la lucha contra
la subversión». Art: 4º
y 5º: «La Secretaría de
Prensa y Difusión, la
secretaría de Informaciones
del estado... la Policía
Federal y el Servicio
Penitenciario nacional,
quedan funcionalmente
afectadas al Consejo de
Defensa». Art 6º. El Estado
Mayor Conjunto tendrá como
misión asistir al Consejo de
Defensa...»
[3] Las nuevas líneas de
investigación llevadas
adelante por Gaby Weber
después de la presentación
del documental, se
encuentran reflejadas en
su libro La conexión
alemana. El lavado del
dinero nazi en la Argentina
(Buenos Aires:
Edhasa,2005). Allí se
indica que la apropiación
de hijos de desaparecidos
por parte de empleados
jerárquicos de Mercedes
Benz no se restringió a
Lavallén, sino que también
Juan Tasselkraut y su
hermano están complicados
en procesos de
adopción ilegal de niños.
Aunque aún no existe
prueba fehaciente de que
Diego Christian
Tasselkraut, hijo de Juan
Tasselkraut, y Andrés
Gerardo y Pablo Daniel,
hijos de Alejandro Tomás
Tasselkraut, hermano de
Juan, sean hijos de
desaparecidos, en los tres
casos las partidas de
nacimiento incluyen firmas
de funcionarios y parteras
ligados con otros casos de
menores nacidos en
cautiverio. Para más
información al respecto, se
recomienda consultar el
capítulo 15 del libro de
Weber.
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